El Gobierno ha condenado hoy la sentencia a muerte por apostasía de una mujer sudanesa y ha subrayado que se trata de una decisión que vulnera la libertad de religión o creencia reconocida en los tratados internacionales de los que forma parte Sudán y en la propia Constitución de este país.
Mariam Ishaq, doctora sudanesa de 27 años y embarazada, fue condenada el pasado domingo por un tribunal de Jartum a dicha pena si no desiste de su conversión del islam al cristianismo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho público un comunicado en el que expresa la condena del Gobierno ante esa decisión y confía en que esa "grave decisión judicial" pueda ser revertida dentro de las vías procesales o gubernamentales previstas en ese país.
"España reitera su oposición a la pena de muerte en cualquier lugar y circunstancia. La condena de una mujer embarazada -añade- resulta además contraria a los estándares mínimos en materia de aplicación de la pena de muerte".
