El PSOE los ha propuesto para miembros de la Diputación Permanente del Parlamento, así que no podrán declarar antes de las elecciones
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha recibido este lunes la exposición razonada elevada por la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares sobre los cuatro exconsejeros de la Junta que se encuentran 'preimputados', un escrito en el que la magistrada pone de manifiesto que el ámbito de competencia de la Sala "debe abarcar el conocimiento completo del resto de la causa" y no sólo de estos cuatro aforados.
En comunicado, el Alto Tribunal andaluz ha informado de que, en su exposición razonada, la juez Mercedes Alaya considera, "como ya defendiera" en la exposición razonada enviada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que el ámbito de competencia de la Sala "debe abarcar el conocimiento completo del resto de la causa" y no sólo de los cuatro aforados por los que traslada la causa al TSJA. De este modo, la juez se refuerza en su idea de no dividir el caso en piezas separadas.
Cabe destacar, en este sentido, que el Parlamento andaluz ha aprobado este mismo lunes incorporar a la Diputación Permanente a tres de los cuatros diputados 'preimputados' en el caso de los ERE, como son Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Francisco Vallejo, pues se da la circunstancia de que el cuarto diputado 'preimputado', Manuel Recio, forma ya parte de la Diputación Permanente, donde ostenta el cargo de vocal suplente.
La magistrada ha enviado al TSJA dos tomos y nueve anexos. En uno de los tomos, se reproduce la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo en el mes de julio y en el otro tomo la exposición específica para el TSJA, de 73 folios. En los nueve anexos, algunos de ellos con varios tomos, se recogen algunas de las resoluciones más importantes de la causa.
EL TSJA DARÁ TRASLADO A LA FISCALÍA
Junto a ello, desde el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se han enviado 23 DVDs en los que se recoge una copia íntegra de las actuaciones, así como de sus anexos.
Una vez que el TSJA ha recibido la exposición razonada, el trámite ordinario en la Sala de lo Civil y Penal es dar traslado al Ministerio Fiscal para que informe si es procedente o no la admisión a trámite de la causa. Después, será la Sala la que decida finalmente si la admite a trámite, abre diligencias previas y nombra a un instructor de la misma.
La juez ha elaborado dicha exposición razonada después de que la Fiscalía Anticorrupción así se lo reclamara en un escrito a fin de "agilizar y evitar mayores demoras en la instrucción de la presente causa" y después de que el Tribunal Supremo únicamente asumiera la competencia para investigar "a los aforados pertenecientes al Congreso y Senado".
GRIÑÁN Y CHAVES, EN EL SUPREMO
Estos últimos son, cabe recordarlo, los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros Mar Moreno, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías.
Después de que en agosto la juez elevara una exposición razonada al Tribunal Supremo con los indicios existentes contra todos los aforados 'preimputados', la Sala Segunda del Alto Tribunal dictó un auto en noviembre en el que asumió la competencia únicamente sobre estos últimos cinco aforados y determinó que la investigación contra los cuatro exconsejeros continuara en el órgano competente, como es en este caso el TSJA.
Tras ello, y para llevar a cabo su investigación contra estos cinco aforados, el Supremo recibió el pasado 7 de enero la causa completa, que alcanza ya los 229 imputados, integrada por los 22 CDs que contienen 243 tomos con un total de 140.000 folios.
Hay que recordar que, después de que el Supremo decidiera abrir una causa contra Chaves y Griñán, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la juez instructora que "a la mayor brevedad posible" elevara a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una exposición razonada respecto a los cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía.
PIEZAS SEPARADAS
En ese mismo escrito, la Fiscalía recordaba que el Supremo argumentó en su auto que, "tal como sostiene el Ministerio Fiscal, en principio es posible investigar y enjuiciar de forma independiente los hechos relativos a la ideación, diseño, organización y establecimiento del sistema, así como las actuaciones consistentes en decisiones que en el tiempo supusieron su mantenimiento operativo, en las que indiciariamente han intervenido los aforados ante esta Sala, junto con los hechos concretos imputados a cualquiera de ellos".
"Lo acordado por nuestro Alto Tribunal de separar la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento de las personas aforadas ante el mismo del resto de personas aforadas ante otro Tribunal e imputados en la presente causa, permite" que la instructora, "con carácter previo a remitir las actuaciones a la Sala del Tribunal Supremo de 'todo aquello que tenga relación'" con las personas aforadas, proceda a la formación de piezas separadas, señalaba el Ministerio Público.
El Ministerio Público precisaba que "las piezas que se formen para la instrucción y enjuiciamiento de las singulares ejecuciones en que se tradujo materialmente el procedimiento específico --ayudas sociolaborales y a empresas-- son competencia, a la fecha, del Juzgado" de Alaya, "estando algunas de ellas en un estado de instrucción tan avanzado --Aglomerados Morell, Surcolor, Saldauto, Matadero de Fuenteobejuna, Riogrande, Acyco, Calderinox, Hotel Cervantes, Mercasevilla--, que sería posible abrir la fase de enjuiciamiento en el año 2015".
RATIFICACIÓN DE INFORMES PERICIALES
"No obstante, la carga de trabajo del juzgado y lo ingente de la tarea hace inoperante la división de la causa en piezas si no se produce de forma inmediata a la necesaria provisión de jueces de apoyo, dotados de recursos humanos y materiales, que permitiese avanzar simultáneamente en la instrucción de las piezas que se formen", aseveraba la Fiscalía en este escrito.
De otro lado, el Ministerio Público solicitó a la magistrada la práctica de otras diligencias "necesarias para el avance de la instrucción", como son que la ratificación judicial de los informes periciales elaborados por la Intervención General de la Administración del Estado; que sean oídos en calidad de perito-testigo los integrantes del equipo de fiscalización de la Cámara de Cuentas, y que se proceda a la ratificación judicial de los informes periciales elaborados por la Dirección General de Seguros.
