El consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo, uno de los nueve detenidos en la 'operación Pretoria' contra la corrupción en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), quedó en libertad tras declarar esta el sábado por espacio de una hora ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Tendrá que regresar a las ocho de la tarde a la sede judicial para que se le notifique si se le impone la fianza de 100.000 euros que solicito para él el fiscal Anticorrupción adscrito al caso, Luis Pastor.
Fuentes presentes en la declaración señalaron que Carrillo negó cualquier relación con los hechos, que le vinculan con una supuesta trama de corrupción en el ayuntamiento barcelonés. Tras el interrogatorio de este empresario entró en el despacho del juez el ex secretario general de Presidencia de la Generalitat LLuis Prenafeta.
Carrillo fue detenido el miércoles en su domicilio madrileño y permanecía en libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil del municipio de Las Rozas. Esta el sábado llegó a la sede de la Audiencia Nacional acompañado de su abogado, y fue el primero en prestar declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Salvo Carrillo, el resto de detenidos en la 'operación Pretoria', desarrollada entre el martes y el miércoles para desarticular una presunta trama de corrupción urbanística que habría operado en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), llegaron esposados a las 7.30 horas de la el sábado a la Audiencia Nacional en el interior de un furgón y comenzaron a declarar ante el juez Baltasar Garzón a las diez de las el sábado.
Los arrestados, con excepción de Carrillo, llegaron en un furgón desde la cárcel madrileña de Soto del Real hasta la Audiencia Nacional. En las puertas de la Audiencia, los agentes entregaron a cada uno de ellos sus pertenencias en bolsas de basura azul marino.
Tras Prenafeta comparecerá el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC); y dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol (CiU): el ex conseller Macià Alavedra.También declararán ante el juez el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco; el responsable de servicios jurídicos de esta Alcaldía, Pasqual Vela; el ex diputado del Parlament y ex militante del PSC Luis García Sáez, y tres empresarios: el presidente de Proinosa, Josep Singla; el del grupo Espais, Lluís Casamitjana.
ADJUDICACIONES IRREGULARES
La investigación, dirigida por el juez Garzón y el fiscal anticorrupción Luis Pastor, se centra en averiguar si desde el consistorio se dio trato de favor a algunas empresas adjudicándoles servicios y terrenos. Estas operaciones se habrían efectuado desde la empresa municipal Gramepark, creada en 1988 para la creación y gestión de aparcamientos y vivienda pública en el municipio.
La operación parte del denominado 'caso BBVA-Privanza', que Garzón instruyó en 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la isla de Jersey. Durante ese año, su sustituto al frente de su juzgado, Fernando Grande-Marlaska, archivó parcialmente la investigación y retiró la imputación a 19 ex consejeros de esta sociedad. En el marco de esta investigación, se encontraban vinculados algunos bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Pretus.
Según las citadas fuentes, estos despachos habrían contribuido a invertir los capitales originados por la evasión de impuestos en proyectos inmobiliarios, para lo cual se habrían pagado sobornos y comisiones a cargos municipales a cambio de adjudicaciones de suelo a precio barato y posteriores recalificaciones.
En el reparto de funciones de la trama, Luis García habría actuado como 'cerebro' y Macià Alavedra y Lluís Prenafeta como intermediarios.
Carrillo fue detenido el miércoles en su domicilio madrileño y permanecía en libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil del municipio de Las Rozas. Esta el sábado llegó a la sede de la Audiencia Nacional acompañado de su abogado, y fue el primero en prestar declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Salvo Carrillo, el resto de detenidos en la 'operación Pretoria', desarrollada entre el martes y el miércoles para desarticular una presunta trama de corrupción urbanística que habría operado en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), llegaron esposados a las 7.30 horas de la el sábado a la Audiencia Nacional en el interior de un furgón y comenzaron a declarar ante el juez Baltasar Garzón a las diez de las el sábado.
Los arrestados, con excepción de Carrillo, llegaron en un furgón desde la cárcel madrileña de Soto del Real hasta la Audiencia Nacional. En las puertas de la Audiencia, los agentes entregaron a cada uno de ellos sus pertenencias en bolsas de basura azul marino.
Tras Prenafeta comparecerá el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC); y dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol (CiU): el ex conseller Macià Alavedra.También declararán ante el juez el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco; el responsable de servicios jurídicos de esta Alcaldía, Pasqual Vela; el ex diputado del Parlament y ex militante del PSC Luis García Sáez, y tres empresarios: el presidente de Proinosa, Josep Singla; el del grupo Espais, Lluís Casamitjana.
ADJUDICACIONES IRREGULARES
La investigación, dirigida por el juez Garzón y el fiscal anticorrupción Luis Pastor, se centra en averiguar si desde el consistorio se dio trato de favor a algunas empresas adjudicándoles servicios y terrenos. Estas operaciones se habrían efectuado desde la empresa municipal Gramepark, creada en 1988 para la creación y gestión de aparcamientos y vivienda pública en el municipio.
La operación parte del denominado 'caso BBVA-Privanza', que Garzón instruyó en 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la isla de Jersey. Durante ese año, su sustituto al frente de su juzgado, Fernando Grande-Marlaska, archivó parcialmente la investigación y retiró la imputación a 19 ex consejeros de esta sociedad. En el marco de esta investigación, se encontraban vinculados algunos bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Pretus.
Según las citadas fuentes, estos despachos habrían contribuido a invertir los capitales originados por la evasión de impuestos en proyectos inmobiliarios, para lo cual se habrían pagado sobornos y comisiones a cargos municipales a cambio de adjudicaciones de suelo a precio barato y posteriores recalificaciones.
En el reparto de funciones de la trama, Luis García habría actuado como 'cerebro' y Macià Alavedra y Lluís Prenafeta como intermediarios.
