Ven 'complicado' atribuir este tipo de delitos, ante la falta de concreción en el Código Penal

Los fiscales advierten ante el rebrote de actos fascistas

Pintada nazi aparecida recientemente en la plaza de toros de Pinto, en Madrid.
El presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García, mostró ayer la preocupación de su asociación por el hecho de que 'está creciendo un brote de actos fascistas' que considera que 'puede ser semillero de actuaciones mucho más graves'.
El presidente de la UPF señala que desde la asociación están 'preocupados', porque 'se dieron consecutivamente en el tiempo tres o cuatro acontecimientos de este tipo de exhibición de simbología nazi o fascista'. Álvaro García lamenta que 'parece que se trivializan estas acciones' y considera que 'la sociedad debe tomarlas muy en serio' porque cree que se trata de un problema 'que puede agravarse'.


PINTADA NAZI

Desde la Unión Progresista de Fiscales se refieren a los gestos fascistas aparecidos en los últimos días de miembros y dirigentes de Nuevas Generaciones (NNGG) o de la pintada nazi realizada en la plaza de toros de Pinto la semana pasada con el lema 'Adolf Hitler tenía razón'.

Su presidente ha adelantado que en septiembre se reunirá la ejecutiva de la asociación y estudiarán los hechos concretos de estos casos y 'si merece la pena iniciar acciones penales'.

El presidente de la UPF recordó que todo esto se trata de un delito tipificado en el código penal 'con penas de entre uno y tres años de prisión según recoge el artículo 510, por la realización de actos que inciten al odio, la discriminación o el racismo'.

Sin embargo, Álvaro García señala que resulta realmente 'complicado' atribuir este tipo de delitos porque, esencialmente, 'falta la concreción' en la redacción del actual Código Penal 'que técnicamente fue discutida por la propia jurisprudencia'.

En este sentido, García se felicitó porque la reforma del Código Penal, que está en las Cortes y será aprobada a la mayor brevedad, 'sí concreta un poco más estos temas y trata de solucionar la indefinición o generalización que hay sobre los delitos de incitación al odio y negación del genocidio y da más garantías para que se realice su aplicación'.

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