La estrategia global de colaboración y la subordinación a Batasuna, los vínculos económicos, el apoyo a la violencia y la ausencia de condena de los atentados de ETA, la prestación de cobertura política y la estrategia conjunta de ETA y la izquierda abertzale contra el Tren de Alta Velocidad, son los argumentos que ha utilizado la fiscalía del Tribunal Supremo en su escrito de alegaciones ante la Sala Especial del Alto Tribunal para solicitar la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca y el Partido Comunista de las Tierras Vascas.
Según el escrito presentado por la Fiscalía de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre ANV 'tras una inicial ambiguedad calculada', esta formación desarrolló 'una estrategia global de colaboración' con Batasuna -una organización ya ilegalizada-, con una total subordinación a sus directrices y objetivos, incluido el apoyo a la violencia.
El fiscal divide las causas de ilegalización en dos planos, uno político y otro económico. En el primero incluye las actuaciones de 'apoyo al terrorismo' realizadas por ANV, en las que ha legitimado las acciones de ETA o ha minimizado su significado. Estos hechos pudieron comprobarse en la actitud de los grupos municipales de Durango y Baracaldo tras los atentados terroristas contra el cuartel de la Guardia Civil en la localidad vizcaína y el asesinato de de dos guardias civiles Capbreton (Francia), y que los grupos municipales de esta formación no condenaron sino que 'lamentaron'.
Además, ANV incurrió en otra causa de ilegalización al 'promover, dar cobertura o participar en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o violentas, o a quienes las acometen o colaboran con las mismas', como fueron la creación de comisiones municipales de represaliados en Hernani y Elorrio o las manifestaciones de la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, en el acto de presentación de candidatos a elecciones, donde pidió a los asistentes un 'chaparrón de aplausos lo más caluroso posible' para Igor Portu, Mattin Sarasola- autores del atentado contra la T-4 de Barajas que causó dos muertos- y finalizó su alocución con la expresión 'Jo ta ke irabazi arte! (¡Sin descanso hasta ganar!) que habitualmente cierra los comunicados y boletines internos de la organización terrorista ETA.
Otro motivo alegado por la fiscalía para ilegalizar ANV es la colaboración habitual con eslóganes y carteles, de forma que ANV asume e imita la simbología de Batasuna en la Semana Grande de Bilbao. Igualmente apela al apoyo a la estrategia de ETA y Batasuna en la campaña contra el Tren de Alta Velocidad (TAV) en el País Vasco y a la cesión de parte de las listas electorales a candidatos de Batasuna en las elecciones municipales como motivos de ilegalización.
En el segundo aspecto, el relativo al apoyo económico, la Fiscalía entiende que ha quedado acreditada durante el juicio la existencia de una 'significativa asistencia financiera' de ANV hacia Batasuna, y que existen reiteradas pruebas 'de una estructura común con un sistema de caja única que incluso radicaba en la misma sede del PCTV, desde donde se llevaba la contabilidad de las tres organizaciones'. Así, existen documentos bancarios que demuestran que ANV pagó diversas facturas de actos políticos realizados por miembros de Batasuna.
La Fiscalía también encuentra suficientemente acreditada la colaboración habitual del PCTV con Batasuna. En diversas ocasiones, la Policía vigiló reuniones de miembros de Batasuna en la sede del PCTV.
Según la fiscalía, a partir de junio de 2007 'se comienza a apreciar un paulatino acercamiento entre el PCTV/EHAK y Batasuna, que se irá traduciendo en una colaboración cada vez más estrecha hasta culminar, no sólo en la cesión de los medios materiales' sino en la puesta a disposición de Batasuna 'de la propia actividad de los responsables y representantes del partido demandado, incluida su capacidad de comunicación y presencia pública, además de la que ha llevado a efecto en sede parlamentaria, 'sometiendo para ello el contenido de su discurso político y de sus decisiones a las concretas instrucciones y directrices de los dirigentes del partido ilegal'. Además, para la Fiscalía es significativo que cuando la Policía procede al registro de la sede del PCTV en Usúrbil, las llaves del local se encuentran en poder de un miembro de la mesa nacional de Batasuna.
También el PCTV colaboró en la estrategia contra el TAV en el País Vasco, y la Fiscalía ha encontrado diversos vínculos económicos entre la ilegalizada Batasuna y el PCTV. Así, existe una vinculación laboral, puesto que los responsables del PCTV tenían como personal contratado a 49 personas, 16 de las cuales pertenecían a la mesa nacional y el resto estaban vinculadas en mayor o menor medida a Batasuna.
En la contabilidad de PCTV figuran también diversas facturas de gastos realizados por miembros de Batasuna, así como el envío de dinero al extranjero mediante transferencias a personas del aparato internacional de Batasuna.
El fiscal divide las causas de ilegalización en dos planos, uno político y otro económico. En el primero incluye las actuaciones de 'apoyo al terrorismo' realizadas por ANV, en las que ha legitimado las acciones de ETA o ha minimizado su significado. Estos hechos pudieron comprobarse en la actitud de los grupos municipales de Durango y Baracaldo tras los atentados terroristas contra el cuartel de la Guardia Civil en la localidad vizcaína y el asesinato de de dos guardias civiles Capbreton (Francia), y que los grupos municipales de esta formación no condenaron sino que 'lamentaron'.
Además, ANV incurrió en otra causa de ilegalización al 'promover, dar cobertura o participar en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o violentas, o a quienes las acometen o colaboran con las mismas', como fueron la creación de comisiones municipales de represaliados en Hernani y Elorrio o las manifestaciones de la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, en el acto de presentación de candidatos a elecciones, donde pidió a los asistentes un 'chaparrón de aplausos lo más caluroso posible' para Igor Portu, Mattin Sarasola- autores del atentado contra la T-4 de Barajas que causó dos muertos- y finalizó su alocución con la expresión 'Jo ta ke irabazi arte! (¡Sin descanso hasta ganar!) que habitualmente cierra los comunicados y boletines internos de la organización terrorista ETA.
Otro motivo alegado por la fiscalía para ilegalizar ANV es la colaboración habitual con eslóganes y carteles, de forma que ANV asume e imita la simbología de Batasuna en la Semana Grande de Bilbao. Igualmente apela al apoyo a la estrategia de ETA y Batasuna en la campaña contra el Tren de Alta Velocidad (TAV) en el País Vasco y a la cesión de parte de las listas electorales a candidatos de Batasuna en las elecciones municipales como motivos de ilegalización.
En el segundo aspecto, el relativo al apoyo económico, la Fiscalía entiende que ha quedado acreditada durante el juicio la existencia de una 'significativa asistencia financiera' de ANV hacia Batasuna, y que existen reiteradas pruebas 'de una estructura común con un sistema de caja única que incluso radicaba en la misma sede del PCTV, desde donde se llevaba la contabilidad de las tres organizaciones'. Así, existen documentos bancarios que demuestran que ANV pagó diversas facturas de actos políticos realizados por miembros de Batasuna.
La Fiscalía también encuentra suficientemente acreditada la colaboración habitual del PCTV con Batasuna. En diversas ocasiones, la Policía vigiló reuniones de miembros de Batasuna en la sede del PCTV.
Según la fiscalía, a partir de junio de 2007 'se comienza a apreciar un paulatino acercamiento entre el PCTV/EHAK y Batasuna, que se irá traduciendo en una colaboración cada vez más estrecha hasta culminar, no sólo en la cesión de los medios materiales' sino en la puesta a disposición de Batasuna 'de la propia actividad de los responsables y representantes del partido demandado, incluida su capacidad de comunicación y presencia pública, además de la que ha llevado a efecto en sede parlamentaria, 'sometiendo para ello el contenido de su discurso político y de sus decisiones a las concretas instrucciones y directrices de los dirigentes del partido ilegal'. Además, para la Fiscalía es significativo que cuando la Policía procede al registro de la sede del PCTV en Usúrbil, las llaves del local se encuentran en poder de un miembro de la mesa nacional de Batasuna.
También el PCTV colaboró en la estrategia contra el TAV en el País Vasco, y la Fiscalía ha encontrado diversos vínculos económicos entre la ilegalizada Batasuna y el PCTV. Así, existe una vinculación laboral, puesto que los responsables del PCTV tenían como personal contratado a 49 personas, 16 de las cuales pertenecían a la mesa nacional y el resto estaban vinculadas en mayor o menor medida a Batasuna.
En la contabilidad de PCTV figuran también diversas facturas de gastos realizados por miembros de Batasuna, así como el envío de dinero al extranjero mediante transferencias a personas del aparato internacional de Batasuna.
