La Fiscalía General del Estado (FGE) ha destacado el incremento de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual durante el año 2018, cuyas cifras son "especialmente preocupantes". La memoria anual publicada este lunes refleja el aumento de los procedimientos iniciados por delitos sexuales el año pasado, cuando alcanzaron los 18.986, lo que supone un incremento del 23,2% con respecto a 2017.
En su informe, la Fiscalía avisa de que un "relevante número" de estos delitos sexuales, sobre todo agresiones o abusos sexuales, tienen como víctimas a menores.
La institución hace hincapié en la "dificultad" de la actividad probatoria de un ilícito que se mueve "en un entorno de extrema intimidad en su ejecución" y donde existe "una connotación de vergüenza" por parte de las víctimas que habitualmente suelen rechazar la vía judicial.
"Este rechazo inicial propicia incluso la desaparición de pruebas, de manera que el inicio final del proceso se da en situaciones difícilmente reversibles por la pérdida de un trascendental bagaje probatorio", argumenta.
Para evitar esto, el Ministerio Fiscal se "podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en video de espacios cerrados --como despachos, aulas--, que eviten la imposibilidad de acreditación del hecho o el que determinadas personas se vean sometidos a tan lacerantes como infundadas sospechas o imputaciones".
En el ámbito de la violencia doméstica, la Fiscalía ve "especialmente preocupante" esta expresión delictiva. Según apunta, varias fiscalías (Badajoz, Jaén, Zaragoza o Zamora) inciden en la frecuencia de los abusos sexuales hacia menores en este contexto.
CSIF o ANPE, en contra
El presidente del sector de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, ha calificado como "barbaridad" la "ocurrencia" expuesta por la Fiscalía General del Estado de "introducir cámaras en las aulas para prevenir el abuso sexual" a menores.
Una posibilidad que rechaza CSIF por "conculcar el derecho a la intimidad de los alumnos y profesores" y dar por hecho que "la responsabilidad proviene del trabajo de los docentes en el aula".
De mismo modo, desde ANPE han advertido que se estaría "atentando contra la intimidad y la protección" del menor, además tratarse de un cuestionamiento del trabajo del profesorado. Por ello, han trasladado que se oponen "frontalmente" a esta medida, dado que no pueden admitir "que los centros se conviertan en un gran hermano con cámaras por todas partes".
