Forcadell ha declarado hoy como investigada durante poco más de media hora en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha defendido este viernes, en su declaración como investigada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que actuó en todo momento "conforme a la ley" al permitir debatir y votar las conclusiones de la comisión constituyente el 27 de julio de 2016 en la cámara.
Según han informado fuentes judiciales, se ha negado en su declaración a contestar a las preguntas de la magistrada Maria Eugènia Alegret y de los fiscales, y ha accedido únicamente a responder a las 25 cuestiones de su abogado.
Forcadell ha defendido que el mandato del TC se limitaba a prohibir que se reprodujera la resolución parlamentaria del 9 de noviembre de 2015 a favor de la independencia --que había sido impugnada--, con lo que ha sostenido que de eso no se podía deducir que no se pudieran votar las conclusiones del proceso constituyente.
Además, ha recordado que la comisión de estudio duró seis meses sin que se impugnara en ningún momento, que su contenido era público, que en ella participaron todos los grupos parlamentarios incluido el PP, y que sus conclusiones no tenían ningún efecto jurídico.
En esta línea, Forcadell ha argumentado que se limitó a permitir un debate, y ha dicho: "Si la gente en la calle puede hablar de la independencia, ¿cómo no van a poder hacerlo los parlamentarios?".
RESPONSABILIDAD DE JXSI Y CUP
"El Poder Ejecutivo no puede utilizar al Judicial para resolver un problema del Legislativo. Se ha de resolver políticamente", ha defendido ante el TSJC a preguntas de su letrado, Andreu van de Eynde.
Sobre su papel el 27 de julio, ha explicado que JxSí y la CUP habían pedido ampliar el orden del día para incluir este debate en la sesión --tras cerrarse la comisión-- y ha puntualizado que esto no estaba "premeditado" para esquivar al TC, sino que fue una decisión política de los grupos.
Por eso, Forcadell ha defendido que la responsabilidad última de incluirlo en el orden del día y de celebrar la votación no recae en la Presidencia del Parlament, sino en el pleno, que es "soberano" para decidirlo.
EL AVAL DE DOS INFORMES
Sobre la nota que los servicios jurídicos del Parlament que le hicieron llegar antes de la votación y que se leyó en el pleno, ha considerado que no era una advertencia dirigida directamente a ella, sino un recordatorio de la interlocutoria del TC a los diputados.
Además, Forcadell ha explicado que existen dos informes de los servicios jurídicos en el trámite de alegaciones --uno previo a la votación, de febrero, y otro posterior, de septiembre-- que concluían, según ella, que el proceso fue perfectamente legal en todo momento.
