El giro español en el Sáhara, golpe al derecho internacional

La plataforma Saharagón protesta contra la decisión del Gobierno sobre el Sáhara, en Zaragoza.
photo_camera La plataforma Saharagón protesta contra la decisión del Gobierno sobre el Sáhara, en Zaragoza.

Docentes y expertos en leyes creen que es una “denegación” de la libre determinación saharaui.

Una decena de miembros de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) advirtieron ayer en una declaración de que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de apoyar el plan de Marruecos para el Sáhara Occidental supone “la denegación expresa del ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui” y, por tanto, una violación del Derecho Internacional que podría acarrear “responsabilidad” para nuestro país.

Los expertos emitieron este manifiesto tras conocerse la carta enviada el pasado 14 de marzo por Sánchez al rey Mohamed VI, donde dice que “España considera la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo” en el Sáhara Occidental. Los firmantes entienden que “la decisión del Gobierno español de apoyar oficialmente el plan de autonomía constituye la denegación expresa del ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y, en consecuencia, una grave violación del Derecho Internacional”. “Igualmente, esta decisión supone el reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre la parte del Sáhara Occidental que ocupa ilegalmente”, añadieron los profesores universitarios.

Así, alertan de que “la decisión conlleva la responsabilidad internacional de España, en la medida en que contribuye a consolidar la violación de una norma imperativa de Derecho Internacional”. 

Los miembros de la AEPDIRI recuerdan que “el derecho a la libre determinación de los pueblos constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional”. Y que “España es la potencia administradora” del Sáhara Occidental, “por lo que tiene la obligación jurídica y política de tomar todas las medidas necesarias en orden a garantizar la libre determinación efectiva del pueblo saharaui”.

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