La reforma que prepara prevé que la mitad de ese dinero proceda de los menores gastos de personal

El Gobierno ahorrará 37.700 millones en la Administración

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (Foto: BALLESTEROS)
El Gobierno de Mariano Rajoy calcula un ahorro de 37.700 millones con las medidas de racionalización de las administraciones públicas, la reforma de la administración local y las medidas estructurales sobre el empleo público, entre el año 2012 y hasta 2015, cuando se prevé la completa implantación. Las mitad del ahorro provendrá de los menores gastos de personal.
Así lo aseguró la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde insistió en que se trata se ahorros consolidados que se derivan de las medidas ya adoptadas, como mantener a cero la tasa de reposición del personal público, la eliminación de días libres o la extensión de la jornada laboral.

Esas medidas permitirán ahorrar este año 728 millones al Estado, 3.238 millones a las comunidades autónomas y 976 millones a las entidades locales.

La portavoz del Ejecutivo, que presentó las medidas que contienen el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), explicó que 37.000 millones es la cifra 'global' del ahorro incluyendo desde el 2012 al 2015, y todo el 'adelgazamiento' de las administraciones públicas, esto es, las medidas de la CORA, la reforma local -cuyo ahorro se aproxima a los 8.000 millones- y las medidas estructurales sobre empleo público -alrededor de 19.000 millones-.


GUÍA DE RECOMENDACIONES

Sin embargo, muchas de esas medidas dependen de la voluntad de las comunidades, a las que se les ofrece 'una guía' de recomendaciones para ahorrar y mejorar su situación financiera en el cumplimiento de los objetivos de déficit.

Fuentes gubernamentales admitieron que en los 6.500 millones que calcula el Ejecutivo se contabilizaron las medidas sobre duplicidades como la supresión de defensores del pueblo autonómicos, tribunales de cuentas o agencias de protección de datos. El Gobierno tiene cálculos sobre lo que cuesta tramitar una queja ante el Defensor del Pueblo Nacional, que sería a unos 400 euros, y lo que cuesta a nivel autonómico, que se elevaría a unos 800 euros.

Por otra parte, ayer se conoció que según el informe de la reforma administrativa el Gobierno cambiará la Ley de Extranjería para fijar unos criterios comunes en toda España en relación con la integración de los inmigrantes, ya que, según alerta, se está produciendo 'una divergencia de las condiciones de acceso' de los extranjeros no comunitarios a los distintos servicios'.

Asimismo, el Gobierno plantea centralizar la compra de espacios de publicidad institucional en los medios como forma de abaratar su coste y una mayor eficacia de las campañas.

También, en el ámbito de cooperación, se creará un fondo humanitario con las comunidades para responder de forma conjunta ante los casos de ayuda de emergencia y acción humanitaria urgente.

El informe también propone la desaparición de los institutos de opinión que tienen comunidades como Cataluña y Andalucía, al entender que esa tarea puede ser asumida por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Además, la Unidad de Apoyo de Desastres (UAD), de la Dirección General de Protección Civil, será eliminada al existir duplicidades con las funciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Asimismo, de los 15.132 inmuebles públicos que el Estado piensa sacar a la venta, el ministerio de Defensa acapara más de la mitad con un total de 8.170 edificios.

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