El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes el anteproyecto de ley contra el fraude fiscal que mantiene como principales medidas la prohibición de amnistías fiscales y del "software" de doble uso, un mayor control de las criptodivisas y la limitación del uso de efectivo.
La norma, que ha superado todos los tramites consultivos, ya pasó por el Consejo de Ministros en octubre de 2018, pero la inestabilidad política que dio lugar a elecciones anticipadas impidió su tramitación parlamentaria.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado que la lucha contra el fraude es una prioridad del Ejecutivo y que en 2019 permitió recaudar 15.715 millones de euros, un 4,1 % mas que un año antes, en tanto que el control sobre los grandes patrimonios y empresas digitales ingresó 608 millones, un 75 % más.
"No hay justicia tributaria si algunos eluden impuestos", ha afirmado Montero, que ha destacado que el fraude supone una competitividad desleal frente a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y un deterioro de la recaudación con la que se blindan los servicios públicos.
"Tolerancia cero contra el fraude fiscal", ha añadido la ministra, que ha subrayado que la ley incluye medidas frente a formas de fraude más sofisticadas y complejas que requieren de personal en la Agencia Tributaria cada vez más especializado.
La norma, que mantiene el objetivo de poder recaudar alrededor de 800 millones cada ejercicio, prohibirá la producción, tenencia o comercialización de los programas o sistemas informáticos de doble uso que permiten a las empresas ocultar parte de su actividad.
Asimismo, quedarán prohibidas las amnistías fiscales, con lo que no se volverá "a perdonar a los incumplidores" a través de regularizaciones de las que habitualmente se benefician grandes fortunas y grandes contribuyentes.
Preguntada por la amnistía que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo en 2012, Montero ha insistido en que nunca se publicaron los nombres de los beneficiarios, pese a que fue una promesa electoral de los socialistas, porque la ley lo impide.
