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La norma fue aprobada en segunda vuelta con mejoras para el colectivo migrante o la atención a las personas intersexuales.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, llamó este lunes al Congreso a tramitar con "urgencia" la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, porque, según ha señalado, "las vidas LGTBI y, especialmente, las de las personas trans, ya no pueden esperar más".
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha explicado el contenido de esta norma en la que hay algunas novedades en relación al texto aprobado por el Gobierno en primer vuelta, hace ahora un año.
Tal y como ha indicado, se han incluido medidas en relación a las personas trans migrantes de forma que, aquellas que puedan acreditar que no pueden realizar el cambio registral de sexo o nombre en su país de origen puedan solicitarlo en los documentos que se les expidan en España.
Por otra parte, se añade como supuesto de infracción muy grave, que conlleva multas administrativas de hasta 150.000 euros, "la victimización secundaria como forma de violencia consistente en la falta de diligencia debida en el tratamiento de una denuncia o una solicitud de ayuda de una víctima de violencia LGTBIfóbica que produce un sufrimiento adicional a la víctima".
Del mismo modo, se han incluido en esta fase de tramitación mejoras en la atención sanitaria a las personas intersexuales. Para ello, se amplía la prohibición de la prácticas de modificación genital en personas recién nacidas a personas menores de 12 años y, en el caso de personas menores de entre 12 y 16 años, solo se permitirán dichas prácticas a solicitud de la persona menor siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas.
En cuanto al ámbito educativo, además de los contenidos LGTBI en las oposiciones y pruebas de acceso y especialización para profesores que ya contemplaba la ley de inicio, se refuerzan los contenidos LGTBi en la universidad, donde se incluirá formación en diversidad sexual para docentes, sanitarios y jurídicos.
Por otra parte, se refuerza el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo en terceros países permitiendo que las oficinas consulares españolas puedan celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo siempre que, al menos, uno de los contrayentes sea español y que las autoridades del Estado receptor del cónsul, en aplicación de sus leyes y reglamentos, no se opongan expresamente a que el mismo pueda celebrar dichos matrimonios en su territorio.
Precisamente, en su intervención, Montero ha señalado que este anteproyecto de ley vuelve a situar a España "a la vanguardia", como ya lo hizo el país en 2005 con la llegada de la ley para el matrimonio igualitario.
Además, según ha explicado la ministra, entre los 14 y 16 años el procedimiento de cambio de nombre y sexo requerirá la autorización paterna o materna; entre los 12 y 14 años se podrá hacer a través de un expediente de jurisdicción voluntaria y, por debajo de esa edad, se podrá cambiar de nombre en el DNI.
Montero ha destacado que esta norma "garantiza los derechos" del colectivo LGTBI y que las "vidas" de estas personas "merezcan la pena ser vividas", que "no haya armarios" y que "puedan desarrollar sus proyectos de vida en libertad".
La ministra ha llevado durante su intervención pública una camiseta con la palabra `Mariliendre`, un término aceptado por la Real Academia Española bajo el significado de "mujer que frecuenta la amistad de hombres homosexuales".
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