Este ingreso mínimo comenzará a abonarse de oficio en junio en unos 100.000 hogares, correrá a cargo de la Seguridad Social y tendrá un coste de unos 3.000 millones de euros anuales.
El Consejo de Ministros aprobará esta semana un ingreso mínimo vital que oscilará entre los 461 y los 1.100 euros mensuales y que llegará a 850.000 familias, que agrupan a unos 2,3 millones de personas, que sufren pobreza severa.
Según fuentes del Gobierno, el Consejo de Ministros de mañana o uno extraordinario a finales de esta semana dará luz verde a este ingreso mínimo estatal mediante un decreto ley, aunque podría ser tramitado como proyecto de ley.
Esta renta mínima comenzará a abonarse de oficio en junio en unos 100.000 hogares, correrá a cargo de la Seguridad Social y tendrá un coste de unos 3.000 millones de euros anuales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado fin de semana que esta prestación es similar a las que existen en otros países europeos y que servirá para amparar a 4 de cada 5 personas que en España sufren pobreza severa.
En total, podrán beneficiarse de este ingreso mínimo cerca de 850.000 hogares, que agrupan a 2,3 millones de personas, la mitad de ellos con niños y cuyos ingresos por unidad de consumo sea inferior a los 230 euros al mes, tal y como ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Este ingreso, que se cobrará mensualmente, será el mínimo común en todo el país, ya que podrá ser mejorado con otras rentas autonómicas y dependerán de la composición del hogar, con especial atención a aquellos con niños y monoparentales.
Escrivá también ha adelantado que comenzará abonándose a unos 100.000 hogares a los que se les concederá de oficio. El resto de potenciales beneficiarios deberán solicitarla por los diferentes canales que se habilitarán, en principio la Seguridad Social, pero también ayuntamientos, tercer sector o comunidades autónomas.
Se otorgará teniendo en cuenta la renta familiar, calculada en función del patrimonio neto, menos la deuda y excluida la vivienda habitual, aunque sí tendrá en cuenta valor del piso y de si tiene deudas o no.
Respecto a la renta que no se podrá superar para acceder a la prestación, el ministro ya ha detallado que "para un solo adulto será la equivalente a la prestación no contributiva de la Seguridad Social, que en la actualidad es de 395,60 euros por 14 pagas".
También ha avanzado que será compatible durante un tiempo con un salario para que no desincentive la búsqueda de empleo.
La aprobación de esta medida, incluida en el acuerdo programático de Gobierno entre PSOE y Podemos, ha generado ciertas tensiones con la vicepresidencia que dirige Pablo Iglesias, que abogaba, ante la pandemia del COVID, por un ingreso mínimo vital transitorio antes de aprobarse este definitivo.
Finalmente, han prevalecido los plazos y los planteamientos del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que ha defendido el carácter permanente de la medida y su aprobación en la segunda quincena de mayo.
Según fuentes del Gobierno, el Consejo de Ministros de mañana o uno extraordinario a finales de esta semana dará luz verde a este ingreso mínimo estatal mediante un decreto ley, aunque podría ser tramitado como proyecto de ley.
Esta renta mínima comenzará a abonarse de oficio en junio en unos 100.000 hogares, correrá a cargo de la Seguridad Social y tendrá un coste de unos 3.000 millones de euros anuales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado fin de semana que esta prestación es similar a las que existen en otros países europeos y que servirá para amparar a 4 de cada 5 personas que en España sufren pobreza severa.
En total, podrán beneficiarse de este ingreso mínimo cerca de 850.000 hogares, que agrupan a 2,3 millones de personas, la mitad de ellos con niños y cuyos ingresos por unidad de consumo sea inferior a los 230 euros al mes, tal y como ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Este ingreso, que se cobrará mensualmente, será el mínimo común en todo el país, ya que podrá ser mejorado con otras rentas autonómicas y dependerán de la composición del hogar, con especial atención a aquellos con niños y monoparentales.
Escrivá también ha adelantado que comenzará abonándose a unos 100.000 hogares a los que se les concederá de oficio. El resto de potenciales beneficiarios deberán solicitarla por los diferentes canales que se habilitarán, en principio la Seguridad Social, pero también ayuntamientos, tercer sector o comunidades autónomas.
Se otorgará teniendo en cuenta la renta familiar, calculada en función del patrimonio neto, menos la deuda y excluida la vivienda habitual, aunque sí tendrá en cuenta valor del piso y de si tiene deudas o no.
Respecto a la renta que no se podrá superar para acceder a la prestación, el ministro ya ha detallado que "para un solo adulto será la equivalente a la prestación no contributiva de la Seguridad Social, que en la actualidad es de 395,60 euros por 14 pagas".
También ha avanzado que será compatible durante un tiempo con un salario para que no desincentive la búsqueda de empleo.
La aprobación de esta medida, incluida en el acuerdo programático de Gobierno entre PSOE y Podemos, ha generado ciertas tensiones con la vicepresidencia que dirige Pablo Iglesias, que abogaba, ante la pandemia del COVID, por un ingreso mínimo vital transitorio antes de aprobarse este definitivo.
Finalmente, han prevalecido los plazos y los planteamientos del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que ha defendido el carácter permanente de la medida y su aprobación en la segunda quincena de mayo.
