Desde el Gobierno Foral señalan que es "intolerable" que "el acoso colectivo forme parte de una experiencia de ocio y que eso quede impune".
El Gobierno de navarra tiene ya "preparado" el recurso que como acusación popular presentará esta semana contra la sentencia del caso de La Manada, por entender "intolerable" que "el acoso colectivo forme parte de una experiencia de ocio y que eso quede impune".
Así lo ha confirmado en conferencia de prensa para presentar una campaña contra las agresiones sexistas la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, quien ha reiterado que el Ejecutivo foral "ha trabajado desde el minuto uno este recurso", al apreciar "contradicciones" en la sentencia de la sala que condenó por abuso y no por agresión sexual a cinco jóvenes que mantuvieron relaciones sexuales con una chica en los sanfermines de 2016.
En esta sentencia "parece que por un lado justifica y aprecia pruebas contundentes sobre el uso de violencia o intimidación" en los hechos, lo que supondría que estos son constitutivos de violación, "pero luego la realidad es que la sentencia termina afirmando que no hubo violencia o intimidación" y por ello falla lo ocurrido como abuso sexual.
Ollo ha recordado que este argumento del recurso coincide con los que ya han anunciado que interpondrán la propia fiscalía, así como el Ayuntamiento de Pamplona, y ha recordado que el propio juez instructor calificó los hechos como agresión sexual.
Por otro lado, sobre la carta que el guardia civil de La Manada, Antonio Manuel Guerrero, ha publicado en prensa en la que critica al Gobierno de Navarra por presentarse como acusación popular en este caso pero no en el de los guardias civiles y sus parejas que fueron agredidos en Alsasua, la consejera ha señalado que en este último caso el Ejecutivo "estuvo donde debía estar".
"El primer día tras la agresión la presidenta y el consejero de Salud fueron al hospital a transmitir su apoyo y solidaridad con las personas agredidas", ha dicho Ollo, quien ha puntualizado: "El Gobierno de Navarra ha estado con esas víctimas en la medida en la que ellas han querido que estuviera el Gobierno de Navarra".
Además, ha argumentado que el Ejecutivo foral se ha presentado como acusación popular en el caso de La Manada porque la Ley de Violencia de Género insta a que lo haga "en los casos de violencia extrema o de violencia grave", extremo este último que se ha entendido que se daba.
