El Gobierno analizó la reforma del Código Penal en una reunión en la que se incluirá la 'libertad vigilada' para pederastas violadores y terroristas que se crea que pueden volver a delinquir una vez han cumplido su pena de prisión. Depende del delito y el preso, esta situación podría alargarse hasta 20 años, y se llevaría a cabo mediante comparecencias judiciales periódicas, brazaletes electrónicos o incluso la castración química, si así lo decide el penado.
Otras de las posibles reformas a destacar, que estudiaron hoy el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y por el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, prevé que los delitos de terrorismo más grave, no prescriban.
En una comparecencia de prensa conjunta tras el encuentro celebrado en el Ministerio de Justicia, los ministros explicaron que la reforma que planteará el Gobierno será aplicable para los pederastas y terroristas que tengan un 'pronóstico negativo' tras su paso por la cárcel. Así, Bermejo aclaró que la idea de este cambio es establecer una serie de 'limitaciones' a la libertad de estos condenados una vez abandonen el centro penitenciario.
En este sentido, el ministro señaló que la libertad vigilada, tanto para pederastas como terroristas, podría aplicarse durante un máximo de 20 años, dependiendo de la evolución del preso o del tipo de delito que haya cometido, en concreto se aplicará a los 'más graves'. Para ello, se tomarán medidas como la obligatoriedad de comparecencias judiciales periódicas, pulseras electrónicas de seguimiento del condenado, programas formativos de reinserción e incluso la castración química, en el caso de delincuentes sexuales, aunque este supuesto se llevará a cabo siempre y cuando lo acepte el penado.
Respecto a la creación de la nueva sección en el Registro de Penados y Rebeldes para los pederastas, tal y como solicitó el Parlamento al Gobierno el pasado mes de junio, ambos miembros del Gobierno afirmaron que será una 'herramienta útil' para el control de estos criminales y evitará que puedan desarrollar trabajos en áreas y entornos de menores. Sin embargo, los ministros quisieron apuntar que esta reforma no tiene caracter retroactivo por lo que tan solo se aplicará a nuevos casos una vez estas modificaciones entren en vigor, 'nunca en casos pasados', apuntó Bermejo.
TENDRAN QUE ALEJARSE DE SUS VICTIMAS
Por su parte, Rubalcaba ha indicado que para los terroristas se aplicará a los reclusos de 'pronóstico negativo' y con riesgo de reincidencia como, por ejemplo, los que no muestren arrepentimiento de sus actos. El ministro explicó que uno de de los supuestos en los que se aplicaría esta libertad vigilada sería en los condenados que han cumplido penas por delitos relacionados con el terrorismo que no son homicidio, por lo que al quedar pronto en libertad pudieran volver a delinquir. Al respecto señaló que entre las medidas propuestas se encuentra la obligatoriedad de imponer el alejamiento de las víctimas una vez salen de prisión.
'Las medidas de alejamiento deben ser medidas obligatorias, es decir, que los tribunales tengan la obligación de imponerlas obligatoriamente y deberán ir recogidas en la sentencia', expuso Bermejo, quien recordó que, en la actualidad, la posibilidad o no de imponer el alejamiento queda en manos del tribunal sentenciador.
Preguntado acerca del 'Caso De Juana' y de la opción de imponer el alejamiento no sólo de víctimas directas sino de cualquier damnificado por ETA en los casos de terroristas, Rubalcaba admitió que se trata de 'un problema difícil de resolver'. 'No se ha hecho nunca, comprenda que es una prohibición que le impediría vivir casi en ningún sitio', dijo, al tiempo apostó por 'mejorar la redacción de la ley actual para mejora la protección de las víctimas y no sólo de las víctimas directas'.
NO PRESCRIBIRAN LOS DELITOS GRAVES
Otra de las novedades anunciadas hoy por Rubalcaba es la imposibilidad de prescripción para algunos delitos de terrorismo. En concreto señaló aquellos 'más graves' para que 'no prescriban nunca'. 'Me estoy refiriendo a aquellos que puedan afectar a la vida de una persona', sentenció.
En relación a la reforma del Código Penal sobre el endurecimiento de las penas para las mafias de inmigración ilegal que transporten menores de edad en cayucos, Rubalcaba señaló que hoy ambos departamentos han acordado que suponga un agravante transportar a seres 'especialmente débiles' y, por tanto, se eleven las penas hasta los doce años de cárcel. Actualmente, la Fiscalía pide generalmente entre seis y ocho años de cárcel para los patrones de estas embarcaciones ilegales.
En una comparecencia de prensa conjunta tras el encuentro celebrado en el Ministerio de Justicia, los ministros explicaron que la reforma que planteará el Gobierno será aplicable para los pederastas y terroristas que tengan un 'pronóstico negativo' tras su paso por la cárcel. Así, Bermejo aclaró que la idea de este cambio es establecer una serie de 'limitaciones' a la libertad de estos condenados una vez abandonen el centro penitenciario.
En este sentido, el ministro señaló que la libertad vigilada, tanto para pederastas como terroristas, podría aplicarse durante un máximo de 20 años, dependiendo de la evolución del preso o del tipo de delito que haya cometido, en concreto se aplicará a los 'más graves'. Para ello, se tomarán medidas como la obligatoriedad de comparecencias judiciales periódicas, pulseras electrónicas de seguimiento del condenado, programas formativos de reinserción e incluso la castración química, en el caso de delincuentes sexuales, aunque este supuesto se llevará a cabo siempre y cuando lo acepte el penado.
Respecto a la creación de la nueva sección en el Registro de Penados y Rebeldes para los pederastas, tal y como solicitó el Parlamento al Gobierno el pasado mes de junio, ambos miembros del Gobierno afirmaron que será una 'herramienta útil' para el control de estos criminales y evitará que puedan desarrollar trabajos en áreas y entornos de menores. Sin embargo, los ministros quisieron apuntar que esta reforma no tiene caracter retroactivo por lo que tan solo se aplicará a nuevos casos una vez estas modificaciones entren en vigor, 'nunca en casos pasados', apuntó Bermejo.
TENDRAN QUE ALEJARSE DE SUS VICTIMAS
Por su parte, Rubalcaba ha indicado que para los terroristas se aplicará a los reclusos de 'pronóstico negativo' y con riesgo de reincidencia como, por ejemplo, los que no muestren arrepentimiento de sus actos. El ministro explicó que uno de de los supuestos en los que se aplicaría esta libertad vigilada sería en los condenados que han cumplido penas por delitos relacionados con el terrorismo que no son homicidio, por lo que al quedar pronto en libertad pudieran volver a delinquir. Al respecto señaló que entre las medidas propuestas se encuentra la obligatoriedad de imponer el alejamiento de las víctimas una vez salen de prisión.
'Las medidas de alejamiento deben ser medidas obligatorias, es decir, que los tribunales tengan la obligación de imponerlas obligatoriamente y deberán ir recogidas en la sentencia', expuso Bermejo, quien recordó que, en la actualidad, la posibilidad o no de imponer el alejamiento queda en manos del tribunal sentenciador.
Preguntado acerca del 'Caso De Juana' y de la opción de imponer el alejamiento no sólo de víctimas directas sino de cualquier damnificado por ETA en los casos de terroristas, Rubalcaba admitió que se trata de 'un problema difícil de resolver'. 'No se ha hecho nunca, comprenda que es una prohibición que le impediría vivir casi en ningún sitio', dijo, al tiempo apostó por 'mejorar la redacción de la ley actual para mejora la protección de las víctimas y no sólo de las víctimas directas'.
NO PRESCRIBIRAN LOS DELITOS GRAVES
Otra de las novedades anunciadas hoy por Rubalcaba es la imposibilidad de prescripción para algunos delitos de terrorismo. En concreto señaló aquellos 'más graves' para que 'no prescriban nunca'. 'Me estoy refiriendo a aquellos que puedan afectar a la vida de una persona', sentenció.
En relación a la reforma del Código Penal sobre el endurecimiento de las penas para las mafias de inmigración ilegal que transporten menores de edad en cayucos, Rubalcaba señaló que hoy ambos departamentos han acordado que suponga un agravante transportar a seres 'especialmente débiles' y, por tanto, se eleven las penas hasta los doce años de cárcel. Actualmente, la Fiscalía pide generalmente entre seis y ocho años de cárcel para los patrones de estas embarcaciones ilegales.
