El Consejo de Ministros acordó hoy solicitar al Consejo de Estado informes sobre cuatro proyectos de reales decretos que tienen por finalidad desarrollar la Ley de Memoria Histórica. Una de ellas se refiere a las condiciones y procedimientos para la concesión de indemnizaciones a personas fallecidas 'en defensa de la democracia' o que sufrieran sufrido lesiones durante la Transición, que el Ejecutivo del PSOE fecha entre el 1 de enero de 1968 al 6 de octubre de 1977. En caso de fallecimiento, el real decreto establece una indemnización de 135.000 euros.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que estos cuatro decretos permitirán 'la plena aplicación de la ley', una ley 'nacida con voluntad de dar y ampliar derechos a ciudadanos que no se sentían amparados' por los poderes públicos y con voluntad de 'cerrar y cicatrizar heridas' y 'recuperar la memoria' de aquellos que murieron por defender sus ideas 'con honor y dignidad'.
Uno de esos reales decretos establece condiciones y procedimientos para la concesión de las indemnizaciones a personas fallecidas 'en defensa de la democracia' o que hubiesen sufrido lesiones incapacitantes del 1 de enero de 1968 al 6 de octubre de 1977, de acuerdo con el artículo 10 y la disposición adicional 4 de la Ley. Esta norma determina, en el caso del fallecimiento, una indemnización de 135.000 euros, mientras que para los casos de lesiones, la ayuda se determinará en función del grado de incapacidad acreditado ante los órganos de la administración de Seguridad Social.
Otro de los cuatro reales decretos desarrolla el procedimiento de restitución de documentos y otros efectos custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española a los particulares a los que fueron incautados. Este real decreto se deriva específicamente de la Ley que crea el Centro Documental de la Memoria Histórica y prevé que el Gobierno establezca el procedimiento para la restitución de documentos del Archivo General de la Guerra Civil.
También precisa que antes de la salida de los documentos del Centro Documental quedará depositada en éste una copia o duplicado. Preguntada por si las nuevas normas servirán para agilizar las devoluciones de papeles que reclama Cataluña, De la Vega afirmó que el decreto ley 'contribuirá' a la restitución de documentos. Aseguró acto seguido que 'se está haciendo un trabajo muy constante y permanente' y recordó que una comisión trabaja sobre las peticiones de particulares, en referencia a los ayuntamientos catalanes.
El tercer proyecto trata sobre la obtención de la declaración de reparación y reconocimiento personal de las personas que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la guerra civil y la dictadura. La declaración podrá solicitarse por las personas afectadas y, en caso de que hubieran fallecido, por el cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado; a falta de familiares, por las instituciones públicas en que hubiesen desempeñado cargo o actividad relevante las personas afectadas ya fallecidas.
Por último, el cuatro proyecto establece el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por parte de los voluntarios de las Brigadas Internacionales que lo soliciten, así como los requisitos para obtenerla una vez que la Ley de Memoria Histórica suprimió el requisito de renuncia a su nacionalidad previa. Al respecto, la norma prevé una cláusula específica para facilitar la tramitación a las personas a quienes les fue concedida la nacionalidad en aplicación del Real Decreto de 19 de enero de 1996, pero que no hicieron efectivo su derecho por tener que renunciar a su nacionalidad.
Uno de esos reales decretos establece condiciones y procedimientos para la concesión de las indemnizaciones a personas fallecidas 'en defensa de la democracia' o que hubiesen sufrido lesiones incapacitantes del 1 de enero de 1968 al 6 de octubre de 1977, de acuerdo con el artículo 10 y la disposición adicional 4 de la Ley. Esta norma determina, en el caso del fallecimiento, una indemnización de 135.000 euros, mientras que para los casos de lesiones, la ayuda se determinará en función del grado de incapacidad acreditado ante los órganos de la administración de Seguridad Social.
Otro de los cuatro reales decretos desarrolla el procedimiento de restitución de documentos y otros efectos custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española a los particulares a los que fueron incautados. Este real decreto se deriva específicamente de la Ley que crea el Centro Documental de la Memoria Histórica y prevé que el Gobierno establezca el procedimiento para la restitución de documentos del Archivo General de la Guerra Civil.
También precisa que antes de la salida de los documentos del Centro Documental quedará depositada en éste una copia o duplicado. Preguntada por si las nuevas normas servirán para agilizar las devoluciones de papeles que reclama Cataluña, De la Vega afirmó que el decreto ley 'contribuirá' a la restitución de documentos. Aseguró acto seguido que 'se está haciendo un trabajo muy constante y permanente' y recordó que una comisión trabaja sobre las peticiones de particulares, en referencia a los ayuntamientos catalanes.
El tercer proyecto trata sobre la obtención de la declaración de reparación y reconocimiento personal de las personas que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la guerra civil y la dictadura. La declaración podrá solicitarse por las personas afectadas y, en caso de que hubieran fallecido, por el cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado; a falta de familiares, por las instituciones públicas en que hubiesen desempeñado cargo o actividad relevante las personas afectadas ya fallecidas.
Por último, el cuatro proyecto establece el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por parte de los voluntarios de las Brigadas Internacionales que lo soliciten, así como los requisitos para obtenerla una vez que la Ley de Memoria Histórica suprimió el requisito de renuncia a su nacionalidad previa. Al respecto, la norma prevé una cláusula específica para facilitar la tramitación a las personas a quienes les fue concedida la nacionalidad en aplicación del Real Decreto de 19 de enero de 1996, pero que no hicieron efectivo su derecho por tener que renunciar a su nacionalidad.
