Personal de la Junta de Andalucía depositó en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde está abierto el procedimiento sobre las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), las actas del Consejo de Gobierno desde el año 2001 hasta la actualidad, en 11 sobres lacrados, que había solicitado la magistrada encargada del caso, Mercedes Alaya.
De este modo, la Junta apuró el plazo máximo de 72 horas que había fijado la juez Alaya en un auto dictado el pasado lunes, en el que además advertía a la Junta de que incurriría en un delito de desobediencia si no entregaba dentro de dicho plazo copia compulsada o testimonio de las actas de los Consejos de Gobierno celebrados durante los últimos diez años.
Los sobres lacrados donde se encuentran las actas de los Consejos, que fueron diligenciadas en todo momento por funcionarios de la Secretaría General del Consejo de Gobierno, serán depositadas en un armario acorazado en una sala con medios técnicos de videovigilancia y donde estarán permanentemente custodiadas por agentes de la Guardia Civil.
Los documentos permanecerán allí sin poder ser consultados hasta que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, adscrito al Tribunal Supremo, resuelva el requerimiento de incompetencia promovido por la Junta al entender que la juez 'carece de jurisdicción en orden al levantamiento del carácter reservado de los informes que incorporan las actas del Consejo de Gobierno, al ser competencia exclusiva del Consejo de Gobierno la potestad de hacerlas públicas'.
Representantes legales de la Junta acordaron con los juzgados de Sevilla las condiciones de la entrega de las actas en un procedimiento que ha estado supervisado por el juez decano, Federico Jiménez Ballester.
Los sobres lacrados donde se encuentran las actas de los Consejos, que fueron diligenciadas en todo momento por funcionarios de la Secretaría General del Consejo de Gobierno, serán depositadas en un armario acorazado en una sala con medios técnicos de videovigilancia y donde estarán permanentemente custodiadas por agentes de la Guardia Civil.
Los documentos permanecerán allí sin poder ser consultados hasta que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, adscrito al Tribunal Supremo, resuelva el requerimiento de incompetencia promovido por la Junta al entender que la juez 'carece de jurisdicción en orden al levantamiento del carácter reservado de los informes que incorporan las actas del Consejo de Gobierno, al ser competencia exclusiva del Consejo de Gobierno la potestad de hacerlas públicas'.
Representantes legales de la Junta acordaron con los juzgados de Sevilla las condiciones de la entrega de las actas en un procedimiento que ha estado supervisado por el juez decano, Federico Jiménez Ballester.
