DEMOGRAFÍA

Guadiana del Caudillo, de juzgado en juzgado por culpa de su 'apellido'

Los vecinos decidieron en una consulta popular que se mantuviera el nombre del pueblo, la opción por la que apostaron 495 de los 817 votantes.

Guadiana del Caudillo, un poblado de colonización de Badajoz reconvertido a municipio independiente hace sólo cinco años, lleva meses de polémica en polémica y sin salir de los juzgados a cuenta del origen franquista de su "apellido" y el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica.

Aunque la discusión se ha recrudecido en el último año, arrancó ya a raíz de su independencia de la ciudad de Badajoz el 17 de febrero de 2012, ya que algunas voces de izquierda consideraron que la aprobación de la segregación por parte de la Junta de Extremadura debería haberse condicionado al cambio de nombre del municipio.

Días después los vecinos decidieron en una consulta popular que se mantuviera el nombre del pueblo, la opción por la que apostaron 495 de los 817 votantes.

Únicamente 310 optaron por que se denominara Guadiana y otros seis por otros nombres de su cosecha.

Tras casi cuatro años de silencio, el abogado Eduardo Ranz, que ya demandó al Ayuntamiento de Madrid por no retirar vestigios franquistas, reabrió el caso en febrero de 2016 al denunciar a ocho alcaldes de pueblos con denominación franquista, entre ellos al de Guadiana del Caudillo, el popular Antonio Pozo.

El poblado de colonización nacido en los años 40 del pasado siglo iniciaba así un periplo judicial que no ha tocado fondo, en el que ambas partes han cosechado victorias y derrotas, y en el que lo más destacado es que el ayuntamiento se ha visto obligado a inventariar los vestigios de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El catálogo, formado por 82 vestigios, fue aprobado el pasado 29 de marzo en una sesión plenaria municipal y, según Pozo, ninguno de ellos incumple la ley.

Ello ha provocado un nuevo cruce de acusaciones, ya que el PSOE y Podemos han denunciado que ha sido elaborado con el asesoramiento de Luis E. Togores, miembro de Falange Española y de la Fundación Francisco Franco, la misma que el año pasado premió a Pozo y al diputado regional y secretario provincial del PP en Badajoz, Juan Antonio Morales.

A cuenta de ese reconocimiento de la Fundación Francisco Franco, la Asamblea de Extremadura aprobó por unanimidad sendas propuestas de esos dos partidos para instar a las instituciones públicas a cumplir con la Ley de Memoria Histórica y a reprobar a los cargos públicos que exaltan la dictadura.

El señalado Togores, por su parte, ha recordado que es doctor en Historia Contemporánea, ha asegurado que ha hecho el trabajo profesional que no han querido hacer otros historiadores extremeños por temor a "represalias" y ha subrayado que la Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto.

De forma paralela, parece que se ha aclarado que sí se puede supeditar la concesión de subvenciones al cumplimiento de esa norma.

Al menos así lo entiende la Fiscalía Provincial de Badajoz, que no ha visto delito de prevaricación administrativa en las actuación en ese sentido del presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo, al que Guadiana denunció ante la posibilidad de perder unos 100.000 euros anuales en subvenciones.


Contra Gallardo también se han querellado por "coacciones y amenazas".

Junto a la polémica política, con llamadas a la dimisión de Pozo y Morales, y las decisiones judiciales, se han sucedido también algunos actos vandálicos, como la placa "franquista" que fue arrancada de la fachada municipal o más recientemente las pintadas aparecidas contra el alcalde, que han originado una nueva denuncia.

Esta semana el alto tribunal extremeño ha corregido una sentencia en primera instancia favorable al PSOE.

El fallo establece que sin un acuerdo plenario no se pueden iniciar los trámites necesarios para eliminar "Del Caudillo" de la denominación del pueblo, sin entrar en el fondo del asunto, la legalidad del nombre.

El secretario provincial del PSOE, Rafael Lemus, ha anunciado a Efe que recurrirán al Supremo y, a partir de ahí, no descartan acudir incluso a Europa.

De forma paralela, el abogado Ranz esperará a que el juzgado de Badajoz se pronuncie sobre el contenido del catalogo elaborado y, en función de su decisión, según ha adelantado a Efe, podría plantear un nuevo procedimiento legal para acabar con los vestigios franquistas. 

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