El Tribunal de Cuentas ha abierto unas diligencias de investigación dirigidas a esclarecer la gestión de un gasto de 2,3 millones de Euros aprobado por el Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003, presidido por José María Aznar, destinado a suscribir un contrato con la empresa norteamericana Piper Rudnick para gestionar la frustrada concesión al ex presidente de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos.
La diligencia, dictada el pasado 3 de febrero por el Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, responde a la denuncia interpuesta por los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez y la Asociación Preeminencia del Derecho, que ya emprendieron anteriormente acciones por estos hechos tanto penales como contencioso-administrativas, si bien en ambos ámbitos las pesquisas fueron archivadas.
Ahora, el Tribunal De Cuentas abre unas diligencias preliminares y ordena dar traslado de la documentación existente sobre este asunto tanto al Ministerio Fiscal como al Abogado del Estado, a fin de que aleguen (...) lo que a su derecho convenga' sobre este asunto. También pregunta a los denunciantes si quieren constituirse en parte en estas diligencias, 'en cuyo caso deberán ejercitar la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable'.
El secretario de estas diligencias, a las que se ha dado el número C-215/09-0, pide también a los denunciantes que concreten quiénes son las personas contra las que dirigen la acción, así como los perjuicios sufridos en los fondos del Estado. Los letrados ya han anunciado su intención de personarse en las actuaciones del tribunal contable.
PRETENSIONES.
En el escrito que presentaron ante el Tribunal de Cuentas, con fecha de 15 de diciembre del pasado año, Mazón y Martínez expresan las pretensiones de su denuncia, que pasan por que se determine qué parte del gasto del contrato suscrito entre el Gobierno de José María Aznar y la empresa norteamericana se desvió para gestionar la obtención de la Medalla del Congreso.
También solicitan que se compruebe si el contrato, suscrito por un plazo de 20 meses, se cumplió en su totalidad y si se realizaron finalmente los trabajos contratados y los desembolsos mensuales previstos; o si se rescindió tan pronto no fue posible la obtención de la Medalla.
Asimismo, piden que se aclare en qué se aplicó la diferencia entre los 2,3 millones de euros aprobados y los 2 millones de dólares contratados. La finalidad de esta iniciativa es solicitar el reintegro de lo gastado 'por quienes corresponda, de los daños y abono de los perjuicios originados a los caudales y fondos públicos, así como los intereses legales correspondientes', reza la denuncia.
QUERELLA ARCHIVADA.
En marzo de 2007, El juez de Instrucción número 23 de Madrid, David Mamán, inadmitió a trámite la querella que presentaron los abogados sobre este asunto al no apreciar 'existencia de indicio alguno de responsabilidad criminal', así como de 'ningún' delito de malversación y de falsedad.
Según el juez, la concesión de la Medalla de Oro del Congreso americano suponía en esos momentos 'un beneficio diplomático' y 'una vía presencial en Estados Unidos'.
La postura del juez coincidió con el criterio de la Fiscalía de Madrid, que pidió el archivo de la querella, al considerar que la acusación contra el ex presidente por malversar dinero público y falsedad de facturas no estaba 'clara' por 'la absoluta falta de concreción' de los hechos denunciados, unido a la 'sospecha de la existencia de intereses espurios', tal y como sostuvo en una providencia el fiscal adscrito al caso, Luis Ibáñez.
Ahora, el Tribunal De Cuentas abre unas diligencias preliminares y ordena dar traslado de la documentación existente sobre este asunto tanto al Ministerio Fiscal como al Abogado del Estado, a fin de que aleguen (...) lo que a su derecho convenga' sobre este asunto. También pregunta a los denunciantes si quieren constituirse en parte en estas diligencias, 'en cuyo caso deberán ejercitar la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable'.
El secretario de estas diligencias, a las que se ha dado el número C-215/09-0, pide también a los denunciantes que concreten quiénes son las personas contra las que dirigen la acción, así como los perjuicios sufridos en los fondos del Estado. Los letrados ya han anunciado su intención de personarse en las actuaciones del tribunal contable.
PRETENSIONES.
En el escrito que presentaron ante el Tribunal de Cuentas, con fecha de 15 de diciembre del pasado año, Mazón y Martínez expresan las pretensiones de su denuncia, que pasan por que se determine qué parte del gasto del contrato suscrito entre el Gobierno de José María Aznar y la empresa norteamericana se desvió para gestionar la obtención de la Medalla del Congreso.
También solicitan que se compruebe si el contrato, suscrito por un plazo de 20 meses, se cumplió en su totalidad y si se realizaron finalmente los trabajos contratados y los desembolsos mensuales previstos; o si se rescindió tan pronto no fue posible la obtención de la Medalla.
Asimismo, piden que se aclare en qué se aplicó la diferencia entre los 2,3 millones de euros aprobados y los 2 millones de dólares contratados. La finalidad de esta iniciativa es solicitar el reintegro de lo gastado 'por quienes corresponda, de los daños y abono de los perjuicios originados a los caudales y fondos públicos, así como los intereses legales correspondientes', reza la denuncia.
QUERELLA ARCHIVADA.
En marzo de 2007, El juez de Instrucción número 23 de Madrid, David Mamán, inadmitió a trámite la querella que presentaron los abogados sobre este asunto al no apreciar 'existencia de indicio alguno de responsabilidad criminal', así como de 'ningún' delito de malversación y de falsedad.
Según el juez, la concesión de la Medalla de Oro del Congreso americano suponía en esos momentos 'un beneficio diplomático' y 'una vía presencial en Estados Unidos'.
La postura del juez coincidió con el criterio de la Fiscalía de Madrid, que pidió el archivo de la querella, al considerar que la acusación contra el ex presidente por malversar dinero público y falsedad de facturas no estaba 'clara' por 'la absoluta falta de concreción' de los hechos denunciados, unido a la 'sospecha de la existencia de intereses espurios', tal y como sostuvo en una providencia el fiscal adscrito al caso, Luis Ibáñez.
