Los dos jóvenes que presentaron sendas denuncias contra un centro terapéutico de menores con trastornos de conducta de Galapagar por presuntos malos tratos físicos y psíquicos por parte de varios educadores a los internos afirmaron hoy que los cuidadores los pegaban, ataban y medicaban a la fuerza.
Juan Carlos, uno de los denunciantes, aseguró que los educadores les ataban a la cama durante noches enteras y no les dejaban ir al instituto como forma de castigo.
Juan Carlos estuvo un año y un mes sufriendo, según él, este tipo de vejaciones. Nos pegaban, nos ataban y nos medicaban a la fuerza, contó. Además añadió que les castigaban sin ir a clase. Los profesores del instituto sabían de nuestra situación y querían hablar con ellos pero todavía no sé si lo han hecho, señaló.
Sólo dos de los 17 adolescentes que compartían con ellos esta situación se han atrevido a denunciar. Ellos tienen miedo porque una vez uno de ellos denunció a un educador y ya no está allí, le echaron, aseveró. Asimismo, Juan Carlos explicó que no eran todos los educadores los que maltratan a los internos, sólo los del turno de tarde y entre semana.
Santiago Agustín, psicólogo especializado en adolescentes, ayudó a estos jóvenes con la denuncia y explicó que son muchos los jóvenes que cada dos o tres meses salen del centro con la misma historia. Exigimos transparencia porque la situación es de completo descontrol y opacidad, señaló.
El centro está gestionado por la empresa Mental Consulting S.L. y, como aseguró Agustín, no hay nadie que garantice que esas personas que trabajan con los chavales tengan un título o estén preparados para hacerlo. No sabemos si hay psiquiatras, no sabemos que formación tienen esas personas que están cuidando de ellos, lo único que sabemos es que la Comunidad de Madrid da alrededor de 3.800 euros por menor al mes, aseguró.
Agustín explicó que no es el primer caso de estas características en España y, por eso, el Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional y, ahora, Naciones Unidas pidieron explicaciones al Gobierno de España ante esta situación. Pero el Gobierno dice que es competencia de las Comunidades Autónomas y éstas de la empresa privada que se hace cargo de la casa de acogida, señaló el psicólogo. Unas empresas que no se sabe cuáles son.
CAUSA PENAL
Por otro lado, un Juzgado de Collado Villalba podría investigar la denuncia interpuesta por los jóvenes contra un centro terapéutico de menores con trastornos de conducta de Galapagar por presuntos malos tratos físicos y psíquicos por parte de varios educadores a los internos.
Los jóvenes interpusieron la denuncia el pasado 7 de diciembre de 2009 ante el Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla. El escrito judicial recayó sobre el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, cuyo titular dictó el 22 de diciembre un auto de inhibición a favor de los Juzgados de Collado Villalba al ocurrir los hechos en Galapagar.
Según fuentes jurídicas, el juez ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la inhibición. Es previsible que el fiscal se mostró a favor y un juez de este partido judicial asuma este procedimiento judicial.
La Consejería de Familia y Asuntos Sociales recordó ayer que el fiscal ya visitó este centro en el que, según las denuncias, se cometen abusos contra los menores, y destacó que no se encontró ningún problema. La titular del departamento, Engracia Hidalgo, aseguró que no tiene inconveniente en comparecer ante la Asamblea como reclama el PSOE para dar explicaciones al respecto.
VICTIMAS DE VEJACIONES
En las denuncias, los chicos se declaran víctimas y testigos de los abusos que los educadores del turno de tarde cometieron contra ellos y una quincena de menores, entre los que destacan contenciones, agresiones, insultos o castigos injustificados, alegando medidas cautelares. Los denunciantes estuvieron ingresados hasta cumplir la mayoría de edad.
Según describe uno de los jóvenes en la denuncia, que responde a las iniciales J.C.V., interno en esta institución desde febrero de 2007 hasta marzo de 2008, desde el principio de su internamiento los educadores le obligaban a ducharse con agua fría, le daban golpes en la cabeza, le ataban a la cama durante noches enteras sin poder ir al baño o le administraban fármacos sin control médico. Asimismo, asegura tener conocimiento de que por las noches, estos empleados, en lugar de hacer su trabajo dormían en el centro dejando en desamparo a los menores internos.
La otra denuncia corresponde a J.A.G, interno en el centro de Galapagar durante tres años, de septiembre de 2005 a julio de 2008, y en la que el joven se declara víctima de castigos psíquicos como la obligación a ducharse delante de los educadores. Cuenta, además, que cuando pidió a uno de los empleados que respetara su intimidad, éste le respondió bajándose los pantalones y mostrándole sus genitales.
Denuncia también que los educadores castigaban a los menores sin cenar o a permanecer en el jardín, durante horas y en pijama, a pesar de las bajas temperaturas.
En declaraciones a Europa Press, J.C.V indicó que los malos tratos descritos en la denuncia ya los conocía antes de ingresar en el centro, por lo que muchos menores podrían dar testimonio de los mismos. Me fui de allí cuando cumplí la mayoría de edad y decidí poner la denuncia el año pasado porque la cosa estaba muy mal y tenía que contar lo que yo había vivido -explicó-. Sólo espero que cierren este centro y que tomen medidas contra los educadores que nos maltrataron, añadió.
EL DEFENSOR DEL PUEBLO ESTUDIA LAS DENUNCIAS
Los abusos en varios centros terapéuticos de menores se dieron a conocer hace un año, tras la publicación de un informe del Defensor del Pueblo en el que destapaba estas conductas y en el que puso de relieve la necesidad de un protocolo común para todas las comunidades autónomas que regulara la atención de este colectivo de menores.
Sobre este último caso de Galapagar, fuentes del equipo de Menores de esta institución presidida por Enrique Mújica indicaron a Europa Press que están estudiando las dos denuncias y admitieron que parece que hay contenido más que suficiente para que el Defensor inicie una investigación.
Desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid alegaron que estas dos denuncias, que tienen fecha del 7 de diciembre de 2009, son falsas y que la Guardia Civil las ha archivado por ese motivo. Familia aseguró que el fiscal visitó el centro de menores de Galapagar sin encontrar ningún problema de maltratos.
Por su parte, la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, declaró que comparecerá sin problemas en la Asamblea de Madrid para explicar el funcionamiento de los centros de menores y sobre cualquier incidencia que se produzca en los mismos, ya que es su obligación como responsable de todos los menores que tiene la Comunidad de Madrid tutelados.
Juan Carlos estuvo un año y un mes sufriendo, según él, este tipo de vejaciones. Nos pegaban, nos ataban y nos medicaban a la fuerza, contó. Además añadió que les castigaban sin ir a clase. Los profesores del instituto sabían de nuestra situación y querían hablar con ellos pero todavía no sé si lo han hecho, señaló.
Sólo dos de los 17 adolescentes que compartían con ellos esta situación se han atrevido a denunciar. Ellos tienen miedo porque una vez uno de ellos denunció a un educador y ya no está allí, le echaron, aseveró. Asimismo, Juan Carlos explicó que no eran todos los educadores los que maltratan a los internos, sólo los del turno de tarde y entre semana.
Santiago Agustín, psicólogo especializado en adolescentes, ayudó a estos jóvenes con la denuncia y explicó que son muchos los jóvenes que cada dos o tres meses salen del centro con la misma historia. Exigimos transparencia porque la situación es de completo descontrol y opacidad, señaló.
El centro está gestionado por la empresa Mental Consulting S.L. y, como aseguró Agustín, no hay nadie que garantice que esas personas que trabajan con los chavales tengan un título o estén preparados para hacerlo. No sabemos si hay psiquiatras, no sabemos que formación tienen esas personas que están cuidando de ellos, lo único que sabemos es que la Comunidad de Madrid da alrededor de 3.800 euros por menor al mes, aseguró.
Agustín explicó que no es el primer caso de estas características en España y, por eso, el Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional y, ahora, Naciones Unidas pidieron explicaciones al Gobierno de España ante esta situación. Pero el Gobierno dice que es competencia de las Comunidades Autónomas y éstas de la empresa privada que se hace cargo de la casa de acogida, señaló el psicólogo. Unas empresas que no se sabe cuáles son.
CAUSA PENAL
Por otro lado, un Juzgado de Collado Villalba podría investigar la denuncia interpuesta por los jóvenes contra un centro terapéutico de menores con trastornos de conducta de Galapagar por presuntos malos tratos físicos y psíquicos por parte de varios educadores a los internos.
Los jóvenes interpusieron la denuncia el pasado 7 de diciembre de 2009 ante el Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla. El escrito judicial recayó sobre el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, cuyo titular dictó el 22 de diciembre un auto de inhibición a favor de los Juzgados de Collado Villalba al ocurrir los hechos en Galapagar.
Según fuentes jurídicas, el juez ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la inhibición. Es previsible que el fiscal se mostró a favor y un juez de este partido judicial asuma este procedimiento judicial.
La Consejería de Familia y Asuntos Sociales recordó ayer que el fiscal ya visitó este centro en el que, según las denuncias, se cometen abusos contra los menores, y destacó que no se encontró ningún problema. La titular del departamento, Engracia Hidalgo, aseguró que no tiene inconveniente en comparecer ante la Asamblea como reclama el PSOE para dar explicaciones al respecto.
VICTIMAS DE VEJACIONES
En las denuncias, los chicos se declaran víctimas y testigos de los abusos que los educadores del turno de tarde cometieron contra ellos y una quincena de menores, entre los que destacan contenciones, agresiones, insultos o castigos injustificados, alegando medidas cautelares. Los denunciantes estuvieron ingresados hasta cumplir la mayoría de edad.
Según describe uno de los jóvenes en la denuncia, que responde a las iniciales J.C.V., interno en esta institución desde febrero de 2007 hasta marzo de 2008, desde el principio de su internamiento los educadores le obligaban a ducharse con agua fría, le daban golpes en la cabeza, le ataban a la cama durante noches enteras sin poder ir al baño o le administraban fármacos sin control médico. Asimismo, asegura tener conocimiento de que por las noches, estos empleados, en lugar de hacer su trabajo dormían en el centro dejando en desamparo a los menores internos.
La otra denuncia corresponde a J.A.G, interno en el centro de Galapagar durante tres años, de septiembre de 2005 a julio de 2008, y en la que el joven se declara víctima de castigos psíquicos como la obligación a ducharse delante de los educadores. Cuenta, además, que cuando pidió a uno de los empleados que respetara su intimidad, éste le respondió bajándose los pantalones y mostrándole sus genitales.
Denuncia también que los educadores castigaban a los menores sin cenar o a permanecer en el jardín, durante horas y en pijama, a pesar de las bajas temperaturas.
En declaraciones a Europa Press, J.C.V indicó que los malos tratos descritos en la denuncia ya los conocía antes de ingresar en el centro, por lo que muchos menores podrían dar testimonio de los mismos. Me fui de allí cuando cumplí la mayoría de edad y decidí poner la denuncia el año pasado porque la cosa estaba muy mal y tenía que contar lo que yo había vivido -explicó-. Sólo espero que cierren este centro y que tomen medidas contra los educadores que nos maltrataron, añadió.
EL DEFENSOR DEL PUEBLO ESTUDIA LAS DENUNCIAS
Los abusos en varios centros terapéuticos de menores se dieron a conocer hace un año, tras la publicación de un informe del Defensor del Pueblo en el que destapaba estas conductas y en el que puso de relieve la necesidad de un protocolo común para todas las comunidades autónomas que regulara la atención de este colectivo de menores.
Sobre este último caso de Galapagar, fuentes del equipo de Menores de esta institución presidida por Enrique Mújica indicaron a Europa Press que están estudiando las dos denuncias y admitieron que parece que hay contenido más que suficiente para que el Defensor inicie una investigación.
Desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid alegaron que estas dos denuncias, que tienen fecha del 7 de diciembre de 2009, son falsas y que la Guardia Civil las ha archivado por ese motivo. Familia aseguró que el fiscal visitó el centro de menores de Galapagar sin encontrar ningún problema de maltratos.
Por su parte, la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, declaró que comparecerá sin problemas en la Asamblea de Madrid para explicar el funcionamiento de los centros de menores y sobre cualquier incidencia que se produzca en los mismos, ya que es su obligación como responsable de todos los menores que tiene la Comunidad de Madrid tutelados.
