El aumento de las penas contra los autores de incendios forestales que prevé incluir Justicia en su reforma del Código Penal no convence a jueces y fiscales, que creen que así no se reducirán estos siniestros, cuyo nivel de devastación este verano achacan a la falta de inversiones en prevención.
Así lo expresaron los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI) en referencia al incremento de las penas de cinco a seis años para los causantes de estas catástrofes que anunció el pasado julio el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Luciano Varela (Pontevedra), magistrado del Tribunal Supremo, cuestionó a finales del pasado mes de julio, antes de su participación en un congreso celebrado en Santiago de Compostela, el endurecimiento del Código Penal en materia de blanqueo de capitales, prevaricación o incendios.
Varela consideró que la solución para 'erradicar' estos comportamientos está 'en la prevención' y no en 'castigar' determinadas actuaciones una vez que ya ocurrieron, una postura, la suya, que discrepa de las defendidas tanto por el Ejecutivo central como por el gallego, proclives al endurecimiento de las penas para quienes prendan fuego a los montes.
Desde la mayoritaria APM, Pablo Llarena subrayó también que 'hay que ser conscientes de que un cambio de penalidad no va a hacer que disminuya la delincuencia' porque ello supondría 'pensar que hay gente dispuesta a cometer incendios si las penas son de cuatro años y no lo está si son de cinco o seis'.
NO VA A CAMBIAR LAS CONDUCTAS
Aunque no le 'parece ni bien ni mal' endurecer estas penas, tal y como está preparando el departamento de Justicia en la reforma del Código Penal que tiene previsto aprobar, ello 'no va a modificar los comportamientos' de los culpables.
Según el portavoz de la APM, lo que hay que hacer es una 'inversión en concienciación colectiva' y aumentar la de los sistemas de vigilancia para impedir la comisión de los delitos y la impunidad de aquellos que los cometieron.
Joaquim Bosch, de JpD, coincide en achacar los devastadores fuegos que arrasan diversas regiones españolas este verano a la falta de prevención y a la reducción de los presupuestos con este fin.
Incidió de esta forma en que las actuaciones deben encaminarse a lograr evitar estos siniestros 'en lugar de desviar la atención' hacia la penalidad que hay que aplicar a los responsables porque, en su opinión, ya es 'suficiente' tal y como la tipifica el actual Código Penal.
En este sentido, acusó a Gallardón de 'actuar a golpe de titular en función de circunstancias concretas' que, muchas veces, 'quedan en nada y sin continuidad'. Mientras, el portavoz del FJI, Ángel Dolado, también dudó de que la manera de combatir los incendios sea castigando más a sus causantes.
A su juicio, el problema radica en 'llegar a averiguar realmente quién fue el autor' ya que, una vez se conoce, 'el Código Penal ya es punitivo' contra él. 'Entrar en una reforma penal para agravar las penas no creo que vaya a disminuir el número de delitos, y en caliente no se debe reformar la ley, que ya tiene bien dimensionadas las penas en este tipo de delitos', concluyó.
Por su parte, María Moretó, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, señaló que la decisión de Gallardón supone, 'contentar a la opinión pública', y recordó que la normativa castiga con entre 15 y 20 años de prisión cuando el fuego pone en peligro la vida de las personas y con 3 cuando afecta a masas forestales importantes.
Luciano Varela (Pontevedra), magistrado del Tribunal Supremo, cuestionó a finales del pasado mes de julio, antes de su participación en un congreso celebrado en Santiago de Compostela, el endurecimiento del Código Penal en materia de blanqueo de capitales, prevaricación o incendios.
Varela consideró que la solución para 'erradicar' estos comportamientos está 'en la prevención' y no en 'castigar' determinadas actuaciones una vez que ya ocurrieron, una postura, la suya, que discrepa de las defendidas tanto por el Ejecutivo central como por el gallego, proclives al endurecimiento de las penas para quienes prendan fuego a los montes.
Desde la mayoritaria APM, Pablo Llarena subrayó también que 'hay que ser conscientes de que un cambio de penalidad no va a hacer que disminuya la delincuencia' porque ello supondría 'pensar que hay gente dispuesta a cometer incendios si las penas son de cuatro años y no lo está si son de cinco o seis'.
NO VA A CAMBIAR LAS CONDUCTAS
Aunque no le 'parece ni bien ni mal' endurecer estas penas, tal y como está preparando el departamento de Justicia en la reforma del Código Penal que tiene previsto aprobar, ello 'no va a modificar los comportamientos' de los culpables.
Según el portavoz de la APM, lo que hay que hacer es una 'inversión en concienciación colectiva' y aumentar la de los sistemas de vigilancia para impedir la comisión de los delitos y la impunidad de aquellos que los cometieron.
Joaquim Bosch, de JpD, coincide en achacar los devastadores fuegos que arrasan diversas regiones españolas este verano a la falta de prevención y a la reducción de los presupuestos con este fin.
Incidió de esta forma en que las actuaciones deben encaminarse a lograr evitar estos siniestros 'en lugar de desviar la atención' hacia la penalidad que hay que aplicar a los responsables porque, en su opinión, ya es 'suficiente' tal y como la tipifica el actual Código Penal.
En este sentido, acusó a Gallardón de 'actuar a golpe de titular en función de circunstancias concretas' que, muchas veces, 'quedan en nada y sin continuidad'. Mientras, el portavoz del FJI, Ángel Dolado, también dudó de que la manera de combatir los incendios sea castigando más a sus causantes.
A su juicio, el problema radica en 'llegar a averiguar realmente quién fue el autor' ya que, una vez se conoce, 'el Código Penal ya es punitivo' contra él. 'Entrar en una reforma penal para agravar las penas no creo que vaya a disminuir el número de delitos, y en caliente no se debe reformar la ley, que ya tiene bien dimensionadas las penas en este tipo de delitos', concluyó.
Por su parte, María Moretó, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, señaló que la decisión de Gallardón supone, 'contentar a la opinión pública', y recordó que la normativa castiga con entre 15 y 20 años de prisión cuando el fuego pone en peligro la vida de las personas y con 3 cuando afecta a masas forestales importantes.
