El presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Carlos Dívar, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, coincidieron en advertir a ETA de que no habrá retrocesos en la lucha contra el terrorismo y que el último comunicado de la banda no supone ninguna novedad. Este fue uno de los mensajes que tanto Dívar como Conde-Pumpido lanzaron en sus discursos en el acto de apertura del Año Judicial, presidido por el Rey, en el que uno y otro defendieron la independencia de los jueces y el trabajo de los fiscales en la lucha contra la corrupción.
Así, el presidente del Tribunal Supremo, ante las numerosas autoridades políticas y de la Justicia que asistieron al acto, aseguró que la contribución de la Audiencia Nacional y del TS para eliminar esta lacra 'sigue manteniendo el impulso que reclama nuestra sociedad, sin posibilidad de retroceder ni un milímetro'. En similares términos se pronunció Conde-Pumpido al afirmar, tras el comunicado en el que ETA anunció un alto el fuego, que 'digan lo que digan los terroristas y quienes los apoyan', la novedad es que no hay novedad.
Dívar aprovechó también para pedir que no se ponga en cuestión la labor de los jueces y de los tribunales, porque la Constitución es la que legitima democráticamente al juez y la que lo coloca al mismo nivel de los demás Poderes. Añadió que el descontento provocado por la actuación de los tribunales en casos concretos 'a veces trasciende el ejercicio del derecho a la crítica de las instituciones públicas para cuestionar, desde bases jurídico-políticas no siempre sólidas, la legitimidad democrática de nuestro modelo de juez'.
Dívar aprovechó también para pedir que no se ponga en cuestión la labor de los jueces y de los tribunales, porque la Constitución es la que legitima democráticamente al juez y la que lo coloca al mismo nivel de los demás Poderes. Añadió que el descontento provocado por la actuación de los tribunales en casos concretos 'a veces trasciende el ejercicio del derecho a la crítica de las instituciones públicas para cuestionar, desde bases jurídico-políticas no siempre sólidas, la legitimidad democrática de nuestro modelo de juez'.
