Los jueces y fiscales comenzarán el próximo 2 de noviembre medidas de 'autorregulación' que supondrán el cumplimiento estricto de su horas de audiencia y la tramitación de un volumen razonable de asuntos en los juzgados para mostrar su rechazo a la reforma de la Justicia, propuesta por el Gobierno.
Los representantes de todas las asociaciones de jueces y fiscales expusieron ayer en una conferencia de prensa su 'hoja de ruta' de actividades y movilizaciones, que incluirá una concentración el próximo 23 de noviembre para ejercer su 'derecho de petición' ante el Ministerio de Justicia. Además, plantearon la creación de un turno especial para resolver de forma adecuada y sin demoras las acciones ejercidas por entidades bancarias, tales como ejecuciones, lanzamientos, embargos y desahucios, que motivaron un incremento 'espectacular' de asuntos en los juzgados en el actual contexto de crisis.
Los jueces y fiscales no descartaron la convocatoria de una huelga indefinida en la Administración de Justicia, si no encuentran respuestas del Departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón para solucionar la actual situación de 'colapso' del sistema judicial.
Asimismo, acordaron celebrar juicios durante las cuatro horas de audiencia pública y cortar automáticamente las vistas cuando sean las dos de la tarde. Además, reclamaron la retirada del proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la paralización del proyecto de reforma del Estatuto Judicial y Fiscal y el incremento de la inversión en justicia para que España se equipare a los estándares europeos. 'Si no se adoptan todas estas medidas llegaremos a una situación de conflicto ante el Ministerio de Justicia', dijo el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, quien apeló a la responsabilidad del Gobierno.
Bosch criticó la reducción del 20% de la inversión en Justicia para el próximo año, la eliminación de los 1.200 jueces sustitutos para recortar 20 millones del presupuesto del Ministerio y el 'grave ataque a la independencia judicial' que supone la reforma del CGPJ.
Por su parte, el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, señaló que las movilizaciones 'no son la vía' de solución para los problemas de la Justicia. 'Con movilizaciones no se halla la solución', dijo, para matizar que 'los jueces tienen derecho a proponer lo que quieran' y de admitir que es consciente de la sobrecarga de trabajo en determinados juzgados.
Los jueces y fiscales no descartaron la convocatoria de una huelga indefinida en la Administración de Justicia, si no encuentran respuestas del Departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón para solucionar la actual situación de 'colapso' del sistema judicial.
Asimismo, acordaron celebrar juicios durante las cuatro horas de audiencia pública y cortar automáticamente las vistas cuando sean las dos de la tarde. Además, reclamaron la retirada del proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la paralización del proyecto de reforma del Estatuto Judicial y Fiscal y el incremento de la inversión en justicia para que España se equipare a los estándares europeos. 'Si no se adoptan todas estas medidas llegaremos a una situación de conflicto ante el Ministerio de Justicia', dijo el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, quien apeló a la responsabilidad del Gobierno.
Bosch criticó la reducción del 20% de la inversión en Justicia para el próximo año, la eliminación de los 1.200 jueces sustitutos para recortar 20 millones del presupuesto del Ministerio y el 'grave ataque a la independencia judicial' que supone la reforma del CGPJ.
Por su parte, el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, señaló que las movilizaciones 'no son la vía' de solución para los problemas de la Justicia. 'Con movilizaciones no se halla la solución', dijo, para matizar que 'los jueces tienen derecho a proponer lo que quieran' y de admitir que es consciente de la sobrecarga de trabajo en determinados juzgados.
