La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta 'trama' de prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, dictó un auto en el que decide elevar formalmente al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, dependiente del Tribunal Supremo, el conflicto de competencias sobre las actas relativas a las sesiones celebradas por el Consejo de Gobierno durante los últimos diez años.
La juez Mercedes Alaya insiste en que estas actas 'no son secretas' y señaló también que las mismas se encuentran 'a disposición' de la Junta de Andalucía.
Ante estas palabras, el Partido Popular pidió a la Junta que las haga públicas para poder llegar 'al fondo del asunto'.
Ante estas palabras, el Partido Popular pidió a la Junta que las haga públicas para poder llegar 'al fondo del asunto'.
