El juez investiga si Sabadell gestionó el 'Plan E' de Zapatero de forma fraudulenta

El Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell investiga si la supuesta trama de corrupción que tiene como epicentro el Ayuntamiento de la localidad gestionó de forma fraudulenta fondos del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, 'Plan E', que impulsó el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para afrontar la crisis, han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.
Se trata de un nuevo frente a investigar más allá del entramado que presuntamente exigía por adelantado el pago mínimo de 120.000 euros a empresarios para acceder con ventaja a las adjudicaciones de contratación pública para repartirse entre políticos y funcionarios implicados, y el pago del 3% en dinero negro que pagaban al acabar las obras, tal y como ha publicado este jueves 'La Vanguardia'.

La investigación judicial tendrá que cotejar ahora la ingente documentación incautada este martes en el marco de la 'Operación Mercurio' -entre ella la contabilidad del Ayuntamiento a partir de la puesta en marcha del 'Plan E'- con los centenares de llamadas 'pinchadas' a políticos y empresarios, con el fin poner luz sobre la utilización de estos fondos públicos.

Estos fondos eran gestionados por el área Espai Públic del Consistorio, de la cual formaban parte el hermano del alcalde, Francisco Bustos, y en el que también tenía responsabilidades el cargo de confianza Xavier Izquierdo.

Según han explicado fuentes judiciales, en las conversaciones telefónicas, los empresarios que optan a las adjudicaciones de obras supuestamente irregulares utilizan el calificativo de 'el capo' para referirse al alcalde de Sabadell, Manuel Bustos (PSC), y 'la pija' para mentar a la de Montcada i Reixac (Barcelona), Maria Elena Pérez (PSC), ambos imputados.

Una de las escuchas telefónicas ha desvelado una conversación entre la alcaldesa, imputada tráfico de influencias, y el ya exsecretario de organización del PSC, Daniel Fernández, también investigado, para colocar en el Ayuntamiento a la actual arquitecta municipal, Carmina Llumà.

Según fuentes judiciales, el teléfono pinchado que ha sacado a la luz esta conversación no era ni el de la alcaldesa ni el de Fernández -necesitaría permiso del Tribunal Supremo, al ser aforado- sino de un tercero.

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