CASO PUJOL

Un juez de Liechtenstein investiga a Jordi Pujol por un delito de blanqueo

Las autoridades suizas respondieron al juzgado que no pueden dar curso a la comisión rogatoria solicitada

Un juez de la Princely Court of Justice de Liechtenstein investiga al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol por un presunto delito de blanqueo de dinero y pidió a España información sobre sus "antecedentes y condenas".

Así consta en un oficio en el que la Interpol, a instancias del juez de Liechtenstein Michael Jhle, pide esta información al Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, porque es el que mantiene abierta una investigación sobre Pujol.

Por otra parte, las autoridades suizas respondieron al juzgado de Barcelona que investiga a Pujol que "no se puede dar curso" a su petición de comisión rogatoria porque considera que la solicitud no cumple los requisitos. "No se indican la infracción de blanqueo ni la infracción previa. No se facilita ninguna precisión o indicación concreta sobre las supuestas actividades criminales del interesado", según un oficio enviado por la Oficina Federal de la Justicia al Ministerio de Justicia.

Añade este oficio que el juzgado de Barcelona tampoco pone de manifiesto ninguna relación de Pujol con Suiza y añade que "la solicitud parece ir dirigida a las autoridades del Principado de Andorra". Recuerda también que el derecho suizo exige que estas solicitudes de colaboración extranjera tienen que "mencionar principalmente la fecha y el lugar de la comisión de los hechos, las personas implicadas y su función". Añade que cuando los hechos tienen que ver con el blanqueo "se deben hacer constar asimismo los hechos que fueron origen del dinero"; sin embargo, las autoridades suizas aseguran que están abiertas a colaborar si se aporta toda esta información.

Tras el rechazo de Andorra a la comisión, el abogado de Pujol, Cristóbal Martell, pidió al juzgado de Barcelona que desista "en la tramitación de la colaboración judicial internacional iniciada por imposibilidad de cumplimiento de los parámetros legales exigidos".

En su escrito, el abogado critica también al juzgado por "presumir a partir de la existencia de unos fondos familiares el que estos deban traer causa de un ejercicio torcido y enriquecedor de la función pública, constituye una abstracta conjetura".

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