La exministra de Exteriores declaró ante el juez acusada de prevaricación, encubrimiento y falsedad
La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya aseguró ayer que la entrada en España en abril de este año del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, por la Base Aérea de Zaragoza, se produjo “de acuerdo con la ley” y por razones humanitarias. González Laya declaró como investigada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, que investiga la entrada en España de Gali en un avión medicalizado el pasado 16 de abril para ser tratado por covid en un hospital de Logroño. “La entrada se hizo, desde mi punto de vista, de acuerdo con la ley. Espero que pronto el juez llegue a la misma conclusión”, destacó ante los medios la exministra tras su comparecencia, de cerca de una hora de duración.
Fuentes jurídicas informaron de que Laya, que se negó a responder a la acusación popular y a la particular por discrepancias con su acceso a este procedimiento, rechazó los tres delitos que se investigan, tanto el de prevaricación como los de encubrimiento y falsedad documental. La exministra se amparó ante el juez en la ley de secretos oficiales para no desvelar cuestiones que pueden implicar “riesgo para la seguridad y defensa de España”.
Sí que negó a instancias del juez los tres delitos que le atribuyen imputados por las acusaciones. Según explicó, la entrada de Gali se realizó de acuerdo a las circunstancias excepcionales que prevé el código recogido en el Tratado de Schengen, que permite la entrada en el país de personas sin pasaporte por motivos, entre otros, humanitarios y a petición de otro estado. La representante de la Abogacía del Estado alegó que el líder polisario, que ingresó en el hospital de Logroño con una afección grave por coronavirus, disponía de un DNI español, que renovó él mismo en persona en 2016, con lo que no cabe el delito de prevaricación.
