La Audiencia Nacional le sitúa como miembro de "una organización criminal" que dota a sus componentes de "cuantiosos medios económicos"
La Audiencia Nacional ha confirmado la situación de prisión provisional incondicional del exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, imputado en la causa en la que se investiga la red de corrupción 'Púnica', al considerar que, si saliera de la cárcel, podría planificar una "eventual huida" o intentar "destruir, alterar u ocultar fuentes de prueba".
En un auto dictado este miércoles, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rechaza un recurso de apelación contra el auto de prisión que el juez Eloy Velasco dictó el pasado 31 de octubre y considera "incierto a todas luces" que el magistrado vulnerara los derechos del detenido por los plazos en que fue puesto a disposición judicial, como argumentó su defensa, ejercida por el exfiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina.
Los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel destacan en su resolución que Granados, que fue detenido el pasado 27 de octubre, está imputado por formar parte de "una organización criminal" que "dota a sus componentes de cuantiosos medios económicos, potenciales ayudas que puede obtener el recurrente en la planificación de una eventual huida".
El auto también destaca que resulta "muy probable" que en el actual momento de la instrucción, que se encuentra secreta por la existencia de "operaciones investigadas con ramificaciones en paraísos fiscales", el exnúmero dos del PP madrileño "intentara destruir, alterar u ocultar fuentes de prueba por su capacidad de interferencia e influencia sobre otros imputados, testigos o peritos".
DETENCIÓN LEGAL
En relación con la detención de Granados, los magistrados sostienen que el juez instructor respetó todos los plazos establecidos por la ley porque las primeras 48 horas fue detenido por orden de la Guardia Civil y después la autoridad judicial regularizó su situación hasta que se produjo su toma de declaración.
Horas antes de comparecer ante el juez Velasco, el pasado 31 de octubre, la defensa de Granados pidió su "inmediata puesta en libertad" a través del procedimiento del 'habeas corpus', al considerar "ilegal" la prórroga de 72 horas que el magistrado había dictado tras el primer plazo de 48 horas que transcurrió desde su detención.
En la vista del recurso, que se celebró el pasado jueves en San Fernando de Henares (Madrid), las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez argumentaron que no era el "momento adecuado" para que Granados saliera de prisión porque la investigación no ha avanzado lo suficiente y actualmente se está procediendo a la toma de declaración de testigos y el estudio de la documentación que fue incautada durante los registros.
Granados, imputado por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude, fue enviado a prisión junto al empresario de la construcción y supuesto cabecilla de la red, David Marjaliza, a quien se le atribuyen todos estos delitos más los de utilización de información confidencial y falsificación documental.
El juez Eloy Velasco detallaba que el exnúmero dos del PP madrileño es "titular de algunas de las cuentas de las que las autoridades suizas han informado que existe sospecha de blanqueo de capitales agravado".
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
De igual modo, el juez consideraba que existen indicios de que "a lo largo de su carrera pública" el también exalcalde de Valdemoro habría beneficiado a Marjaliza y a otros empresarios como José Luis Huerta "en materia de contratación pública y urbanismo", de forma que tomó parte en "una red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio".
La investigación, además, ha identificado diversas operaciones inmobiliarias que se sospecha que podrían haberse presentado como "contraprestación" de los empresarios beneficiados a cambio de las labores que habría desarrollado el exdirigente 'popular'.
Granados, que declaró durante dos horas y veinte minutos, negó el cobro de comisiones ilegales a cambio de haber mediado en la adjudicación de contratos públicos y aseguró que la cuenta de Suiza que se le atribuye es en realidad de Marjaliza, quien se acogió a la amnistía fiscal, según fuentes de la defensa del exdirigente 'popular'.
