El ex-presidente del Govern, Jaume Matas, recurrirá, a través de su abogado, Rafael Perera, la fianza de 3 millones de euros impuesta por el juez José Castro para eludir su ingreso en prisión al considerarla 'excesiva', teniendo en cuenta que es la más alta que se ha fijado en la historia de Baleares para un responsable político.
Así lo informó Perera en declaraciones a radio, en las que también avanzó su intención de recurrir el auto de más de 140 páginas emitido el pasado martes por el juez Castro, al estimar que 'no se ajusta a derecho'.
De momento, fuentes de los Juzgados de Guardia informaron que Perera no ha registrado ningún tipo de recurso, mientras que señalaron que Matas tampoco ha hecho efectiva la fianza de 3 millones de euros, para lo cual tiene de plazo hasta el próximo miércoles a las 00.00 horas.
El juez decretó esta cantidad en un duro y extenso auto, en el que acuerda 72 días hábiles -con la Semana Santa de por medio- para poder constituir la caución. Además, Castro acordó la retirada del pasaporte de Matas -que ya había entregado el pasado viernes por orden del juez para evitar su fuga-, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
Esta obligación de comparecer ante el Juzgado no será efectiva, hasta que Matas abone la fianza, por lo que no será hasta el próximo 15 de abril, cuando el ex-presidente del Ejecutivo balear acuda al edificio judicial, si bien está previsto que solicite hacerlo en uno de Madrid, donde, probablemente, fije su residencia, junto a su familia.
Matas está intensificando en los últimos días las gestiones para reunir la fianza judicial de tres millones de euros que le reclama la Justicia, por lo que está previsto que agote el plazo máximo para pagarla, teniendo en cuenta que es Semana Santa y los bancos permanecen cerrados hasta el próximo martes en Baleares, impidiendo así que pueda conformar cualquier tipo de aval que le permita eludir su ingreso provisional en la cárcel por su presunta participación en el 'caso Palma Arena', por la construcción del velódromo mallorquín que costó el doble de lo inicialmente presupuestado.
En el auto que pretende recurrir Matas, el magistrado alude a la existencia de un 'margen de gravedad más que sobrado' como para que el ex-presidente pueda sustraerse de la acción de la justicia, 'máxime' cuando reside en Estados Unidos y 'se sospecha' que en este país o en otro vecino pueda guardar 'el grueso de los beneficios ilícitamente obtenidos' a raíz de su presunta implicación en los hechos investigados en el marco del caso Palma Arena.
Asimismo, Castro basa su petición de prisión, así como la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional, en la intención de 'evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas'.
PELIGRO DE INFLUIR EN TESTIGOS
En su opinión, existe un peligro 'más que fundado y concreto al respecto como lo evidencia el hecho de que el encausado no se recata en mediatizar a testigos, imponer el silencio a quienes fueron sus subordinados, preconstituir pruebas falsas e incluso acude, aunque sea infructuosamente, a una de las más altas instituciones del Estado buscando un cobijo al que no tiene derecho'.
En concreto, sobre el ex ministro pesan un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial, uno de prevaricación administrativa, uno de fraude a la administración, siete de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un último electoral, que llevarían aparejada una condena de más de 24 años de prisión aunque penados con un límite máximo de cumplimiento de 18 años de cárcel.
Así, en el citado auto, Castro subraya que 'dada la gravedad' de los hechos que se le imputan dentro del caso Palma Arena, 'bien puede darse por satisfecho de que las acusaciones -Fiscalía y acusación particular- no hayan interesado una medida cautelar más severa'.
Además, el titular del Juzgado de instrucción número 3 llega a decir que durante la declaración que Matas efectuó durante más de quince horas dentro del caso Palma Arena, 'queda claro que ha venido a burlarse de los simples mortales', a tenor de las justificaciones que ofreció de los hechos que se le atribuyen.
De momento, fuentes de los Juzgados de Guardia informaron que Perera no ha registrado ningún tipo de recurso, mientras que señalaron que Matas tampoco ha hecho efectiva la fianza de 3 millones de euros, para lo cual tiene de plazo hasta el próximo miércoles a las 00.00 horas.
El juez decretó esta cantidad en un duro y extenso auto, en el que acuerda 72 días hábiles -con la Semana Santa de por medio- para poder constituir la caución. Además, Castro acordó la retirada del pasaporte de Matas -que ya había entregado el pasado viernes por orden del juez para evitar su fuga-, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
Esta obligación de comparecer ante el Juzgado no será efectiva, hasta que Matas abone la fianza, por lo que no será hasta el próximo 15 de abril, cuando el ex-presidente del Ejecutivo balear acuda al edificio judicial, si bien está previsto que solicite hacerlo en uno de Madrid, donde, probablemente, fije su residencia, junto a su familia.
Matas está intensificando en los últimos días las gestiones para reunir la fianza judicial de tres millones de euros que le reclama la Justicia, por lo que está previsto que agote el plazo máximo para pagarla, teniendo en cuenta que es Semana Santa y los bancos permanecen cerrados hasta el próximo martes en Baleares, impidiendo así que pueda conformar cualquier tipo de aval que le permita eludir su ingreso provisional en la cárcel por su presunta participación en el 'caso Palma Arena', por la construcción del velódromo mallorquín que costó el doble de lo inicialmente presupuestado.
En el auto que pretende recurrir Matas, el magistrado alude a la existencia de un 'margen de gravedad más que sobrado' como para que el ex-presidente pueda sustraerse de la acción de la justicia, 'máxime' cuando reside en Estados Unidos y 'se sospecha' que en este país o en otro vecino pueda guardar 'el grueso de los beneficios ilícitamente obtenidos' a raíz de su presunta implicación en los hechos investigados en el marco del caso Palma Arena.
Asimismo, Castro basa su petición de prisión, así como la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional, en la intención de 'evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas'.
PELIGRO DE INFLUIR EN TESTIGOS
En su opinión, existe un peligro 'más que fundado y concreto al respecto como lo evidencia el hecho de que el encausado no se recata en mediatizar a testigos, imponer el silencio a quienes fueron sus subordinados, preconstituir pruebas falsas e incluso acude, aunque sea infructuosamente, a una de las más altas instituciones del Estado buscando un cobijo al que no tiene derecho'.
En concreto, sobre el ex ministro pesan un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial, uno de prevaricación administrativa, uno de fraude a la administración, siete de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un último electoral, que llevarían aparejada una condena de más de 24 años de prisión aunque penados con un límite máximo de cumplimiento de 18 años de cárcel.
Así, en el citado auto, Castro subraya que 'dada la gravedad' de los hechos que se le imputan dentro del caso Palma Arena, 'bien puede darse por satisfecho de que las acusaciones -Fiscalía y acusación particular- no hayan interesado una medida cautelar más severa'.
Además, el titular del Juzgado de instrucción número 3 llega a decir que durante la declaración que Matas efectuó durante más de quince horas dentro del caso Palma Arena, 'queda claro que ha venido a burlarse de los simples mortales', a tenor de las justificaciones que ofreció de los hechos que se le atribuyen.
