La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propondrá a los partidos la creación de un fondo que compense a los ayuntamientos sin remanentes o que se encuentren en crisis por la caída de ingresos y ha avanzado que los entes locales tendrán unas entregas a cuenta para 2020 actualizadas al crecimiento del 1,6 % del PIB, igual que se hizo con las comunidades autónomas.
"Tendrán que contar con un fondo que les permita compensar esa caída de ingresos, que permita incorporar las ayudas al transporte y que permita actualizar las entregas a cuenta de los ayuntamientos como hicimos con las comunidades autónomas", ha dicho Montero en la que ha confiado en que pueda cerrar con los grupos políticos una propuesta "en los próximos días".
Con este fondo se pretendería también "paliar (la caída de) algunos de los tributos vinculados a la actividad económica que ahora los ayuntamientos están sufriendo", ha reiterado.
La ministra ha señalado que hay que trabajar sobre la parte del decreto ley que fue rechazado en septiembre por el Congreso y que incluía un fondo de 5.000 millones de euros para distribuir entre los ayuntamientos, que ahora habrá que "modular" toda vez que las corporaciones locales podrán utilizar sin límite sus remanentes este año y el que viene, al cancelarse las reglas fiscales.
Montero ha explicado que ya no tiene sentido que de los 5.000 millones, el 60 % se reparta por población y el 40 % para los ayuntamientos con superávit, ya que "ahora es evidente que los remanentes están liberados".
"Tendremos que recuperar el otro porcentaje que permita que a los ayuntamientos que más falta les hace, que son los que tienen menos remanentes, les llegue un volumen de recursos razonable para que sus cuentas públicas puedan estar mínimamente razonables de aquí al año que viene", ha incidido.
Además, ha señalado que la actualización de entregas a cuenta de 2020 a las entidades locales será conforme al crecimiento previsto de la economía antes de la pandemia, del 1,6 %.
La ministra ha insistido en que el Gobierno atenderá la financiación de ayuntamientos y comunidades autónomas ante la crisis económica que ha dejado el COVID-19, ya sea vía ingresos fiscales o bien vía déficit o transferencias directas.
