El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy que la regularización fiscal especial, la conocida como 'amnistía fiscal', 'no encubre el delito cometido', 'ni borra ni limpia delitos' y ha criticado las posiciones políticas que están 'falseando' lo que realmente ocurre en este proceso.
En su comparecencia en el Congreso, Montoro no ha citado en ningún momento al extesorero del PP Luis Bárcenas ni ha aclarado si éste se benefició de la amnistía fiscal, pero ha insistido en que esta regularización especial 'no es opaca' y los que la han utilizado están registrados e identificados en la base de datos de Hacienda.
El ministro ha insistido en que 'ninguna persona física o jurídica puede favorecerse' de la amnistía en el supuesto de que esté inmersa en un proceso administrativo o judicial.
En este sentido, ha explicado que la 'amnistía' es 'plenamente compatible' con la ley de prevención de blanqueo de capitales porque, ha reiterado, no es posible la regularización de fondos procedentes de actividades ilícitas.
'No supone legalizar conductas ilícitas, está fuera de lugar', ha proclamado Montoro, que ha garantizado que las instituciones 'son fiables' y trabajan para que nadie pueda quedar 'impune' de los delitos que pueda haber cometido.
Ha defendido además el objetivo del proceso porque aumenta la base tributaria para próximos ejercicios y permitirá que en el futuro el conjunto de los ciudadanos puedan pagar menos impuestos.
Montoro ha afeado el papel jugado por la oposición por poner en duda la legalidad del proceso de regularización fiscal y ha denunciado que en 1991 el Gobierno del PSOE sí puso en marcha una 'amnistía fiscal' que sí daba impunidad a los defraudadores y no los identificaba.
Y ha añadido: 'Hay un debate público alimentado por posiciones políticas pero que están falseando lo que es realmente este proceso; no se puede trasladar a la sociedad española lo que no es verdad; ése es el límite de la política'.
El ministro ha insistido en que 'ninguna persona física o jurídica puede favorecerse' de la amnistía en el supuesto de que esté inmersa en un proceso administrativo o judicial.
En este sentido, ha explicado que la 'amnistía' es 'plenamente compatible' con la ley de prevención de blanqueo de capitales porque, ha reiterado, no es posible la regularización de fondos procedentes de actividades ilícitas.
'No supone legalizar conductas ilícitas, está fuera de lugar', ha proclamado Montoro, que ha garantizado que las instituciones 'son fiables' y trabajan para que nadie pueda quedar 'impune' de los delitos que pueda haber cometido.
Ha defendido además el objetivo del proceso porque aumenta la base tributaria para próximos ejercicios y permitirá que en el futuro el conjunto de los ciudadanos puedan pagar menos impuestos.
Montoro ha afeado el papel jugado por la oposición por poner en duda la legalidad del proceso de regularización fiscal y ha denunciado que en 1991 el Gobierno del PSOE sí puso en marcha una 'amnistía fiscal' que sí daba impunidad a los defraudadores y no los identificaba.
Y ha añadido: 'Hay un debate público alimentado por posiciones políticas pero que están falseando lo que es realmente este proceso; no se puede trasladar a la sociedad española lo que no es verdad; ése es el límite de la política'.
