La nueva ley de seguridad privada será más estricta y rigurosa con las compañías de ese sector, especialmente con las de detectives, que estarán obligados a dar cuenta al Ministerio del Interior de los encargos que reciben, los medios que emplean y los resultados obtenidos y tendrán que destruir los sonidos e imágenes grabados durante sus vigilancias un año después de la finalización de su informe, salvo que estén relacionados con un proceso judicial o policial en curso.
Según el borrador del anteproyecto de ley que ayer estudió el Consejo de Ministros, la nueva normativa actualizará la vigente, que data de 1992, con el fin de adaptarla a los nuevos tiempos de un sector de 1.500 empresas y que factura más de 3.600 millones de euros al año, tal y como dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El texto se presenta después de que el pasado mes de febrero saltara a los medios de comunicación que la agencia de detectives Método 3 había grabado un almuerzo entre la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, celebrado en el restaurante barcelonés La Camarga.
La futura ley, que sustituirá a la actual de 1992, pretende regular el sector de manera integral para que la seguridad privada sea subordinada, complementaria y coordinada con la seguridad pública.
Acabar con el intrusismo, que se sancionará hasta con el cierre de las empresas que infrinjan la normativa, y garantizar que la actividad de los detectives no vulneren los derechos fundamentales son otros de los objetivos de la futura ley, que presentó al gabinete de Mariano Rajoy el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El texto se presenta después de que el pasado mes de febrero saltara a los medios de comunicación que la agencia de detectives Método 3 había grabado un almuerzo entre la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, celebrado en el restaurante barcelonés La Camarga.
La futura ley, que sustituirá a la actual de 1992, pretende regular el sector de manera integral para que la seguridad privada sea subordinada, complementaria y coordinada con la seguridad pública.
Acabar con el intrusismo, que se sancionará hasta con el cierre de las empresas que infrinjan la normativa, y garantizar que la actividad de los detectives no vulneren los derechos fundamentales son otros de los objetivos de la futura ley, que presentó al gabinete de Mariano Rajoy el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
