El copago de fármacos de dispensación hospitalaria ha abierto de nuevo la brecha entre autonomías después de que más de la mitad de ellas, por diferentes motivos, hayan decidido no aplicarlo, lo que, según el Gobierno, puede poner en peligro la 'equidad' entre los ciudadanos. La medida, que entrará en vigor el 1 de octubre, afecta a un grupo de fármacos (43 medicamentos en 157 presentaciones diferentes) destinados a pacientes crónicos graves (cáncer, esterilidad o hepatitis C), que deberán abonar un 10 por ciento, con un tope de 4,20 euros.
El motivo de que se dispensen en las farmacias de los hospitales es su alto precio (en algunos casos pueden alcanzar los 40.000 euros anuales) o la necesidad de hacer un seguimiento médico del tratamiento. En el Ministerio de Sanidad no disponen de datos sobre el número de pacientes a los que puede afectar la medida, ni tampoco han realizado estimaciones sobre el ahorro que puede generar, aseguró Agustín Rivero, director general de Farmacia.
'La palabra ahorro no es la adecuada, es equidad, en el sentido de que si el hipertenso o el diabético paga parte de la receta en su farmacia, también se deben pagar los medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales', explicó.
MOTIVOS ALEGADOS
Los motivos que esgrimen las comunidades para no aplicar la medida son variados. Por un lado, están las que alegan problemas de infraestructura, ya que sus sistemas informáticos no están preparados para realizar el cobro, y, por otro, las que se oponen frontalmente a la medida, algunas de las cuales han anunciado ya la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, como Andalucía o Canarias.
'La palabra ahorro no es la adecuada, es equidad, en el sentido de que si el hipertenso o el diabético paga parte de la receta en su farmacia, también se deben pagar los medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales', explicó.
MOTIVOS ALEGADOS
Los motivos que esgrimen las comunidades para no aplicar la medida son variados. Por un lado, están las que alegan problemas de infraestructura, ya que sus sistemas informáticos no están preparados para realizar el cobro, y, por otro, las que se oponen frontalmente a la medida, algunas de las cuales han anunciado ya la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, como Andalucía o Canarias.
