El PP ha decidido endurecer su régimen disciplinario y ser más estricto en el control del patrimonio de sus integrantes, y entre otras medidas, expulsará de la formación a los afiliados que queden inhabilitados de sus cargos públicos cuando haya sentencia firme.
El texto de la ponencia sobre estatutos que el Partido Popular presentará en su congreso de Sevilla el mes que viene, previas modificaciones de los compromisarios, recoge esta iniciativa, que no es nueva, pero que sí acompaña a una serie de medidas novedosas que inciden en la mayor vigilancia del comportamiento de los afiliados.
La expulsión es una decisión que el PP impondrá 'cuando exista sentencia firme que condene al afiliado a penas de prisión o inhabilitación, cualquiera que fuese su duración'.
Poner coto a cualquier atisbo de corrupción interna aparece como el principal objetivo del partido que preside, y que seguirá presidiendo, Mariano Rajoy.
En los estatutos del PP que salgan del congreso de Sevilla se añaden las pautas de 'ejemplaridad' que deben seguir todos los cargos públicos con carné y todos los que formen las estructuras de la organización, tanto en el ámbito nacional como en los ámbitos regionales y provinciales.
Así, no podrán cometer actuaciones privadas que 'puedan suponer un conflicto de intereses' o de las que puedan conseguir privilegios, y además tendrán prohibido interceder, incluso por personas interpuestas, en cuestiones que puedan favorecer a su familia.
Todo ello estará escrito en la Carta de Compromisos del PP, que se actualizará cada dos años y habrán de firmar todos los cargos del partido. Si alguno se niega, quedará excluido de cualquier responsabilidad y de las listas electorales.
Los dirigentes del PP, además, deberán entregar a la organización sus declaraciones de bienes y patrimonio, al igual que sus participaciones en sociedades o empresas.
El PP, por tanto, adecúa su organización interna a las medidas sancionadores que a los cargos públicos imponga el Gobierno, bien por medio de la nueva Ley de Transparencia o por medio de una eventual reforma del Código Penal para castigar a quienes malgasten los recursos públicos.
Esta opción la concretó ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, durante su intervención ante la Comisión Constitucional del Congreso, la primera de un miembro del Gobierno en sede parlamentaria desde que Rajoy fue investido.
La ponencia de estatutos la han coordinado los presidentes de Cantabria, Nacho Diego, y de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, así como la líder de los populares catalanes, Alicia Sánchez-Camacho.
