PP pide ahora al Tribunal de Cuentas que abandone su idea de fiscalizar a los familiares de dirigentes políticos

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha avanzado este martes que su partido ha pedido al presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, que deseche la posibilidad de fiscalizar a los familiares de los dirigentes políticos, recogida en el Plan de Contabilidad que será exigible a los partidos políticos a partir de enero de 2014, una función que, a su juicio, no entra dentro de sus funciones.
Hace un año, el Tribunal de Cuentas remitió al Parlamento su proyecto de Plan de Contabilidad en el que se contempla la posibilidad de recabar datos de dirigentes políticos e incluso de sus familiares.

Ningún partido puso reparo alguno a este tema cuando el presidente del Tribunal de Cuentas presentó el proyecto a las Cortes a finales del año pasado, ni existe mención alguna a esta cuestión en las propuestas de resolución que los grupos han presentado con sus

sugerencias sobre el Plan de Contabilidad y que se debaten este martes en la Comisión Mixta. De hecho, el PP sólo se ha ocupado de pedir al citado tribunal que excluya de la actividad económica de los partidos políticos sus grupos municipales e institucionales.


'NO LO PUEDE HACER'

Sin embargo, Alonso ha anunciado que el PP trasladó este lunes al presidente del órgano su inquietud por su intención de extender su labor fiscalizadora a las familias de los líderes políticos y que hará lo propio este martes aprovechando la reunión de la citada comisión parlamentaria en el Senado.

Y es que, según ha explicado el dirigente 'popular' en declaraciones a los periodistas al término de la reunión de la Junta de Portavoces, la idea planteada por el Tribunal de Cuentas 'excede' de su competencia fiscalizadora porque afecta a derechos fundamentales y, por tanto, 'no lo puede hacer'.

'Confío en que lo aclare y que si tiene que rectificar algo, que lo rectifique, porque no podemos ni exceder la competencia fiscalizadora del Tribunal ni afectar a derechos fundamentales que tienen que estar protegidos por la Constitución y que necesitan garantías judiciales', ha concluido Alonso.

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