Hace tan sólo dos meses que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, anunció, tras una reunión a puerta cerrada del Comité Ejecutivo Nacional, que contrataría a una empresa de renombre para realizar una auditoría externa de las finanzas del partido para limpiar su imagen tras el escándalo provocado por el extesorero Luis Bárcenas y los supuestos sobresueldos en B en el partido.
Dos meses después de aquella promesa de transparencia, fuentes de la dirección nacional confirmaron ayer a algunos medios de comunicación, que la formación 'popular' renunció a realizar dicha auditoría debido a que ninguna empresa está dispuesta a asumir la tarea. Además, también apuntaron que el Tribunal de Cuentas la habría desaconsejado tras una consulta escrita realizada por el partido.
A finales del mes de febrero, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ya anunció los problemas a los que se enfrentaba su formación para encontrar una firma dispuesta a auditar sus finanzas, debido a que la mayoría de las empresas con las que habían contactado rechazaban realizar auditorías para partidos políticos. 'Es muy difícil encontrar auditoras que quieran auditar a partidos políticos y quiero que se sepa. Ellos sabrán', aseveró.
COMPETENCIA EXCLUSIVA
Desde la dirección nacional del Partido Popular justifican la negativa asegurando que las auditoras entienden que el único órgano competente para realizar dicha tarea es el Tribunal de Cuentas.
Para ello, se basan en una comunicación que el propio Tribunal de Cuentas difundió en el año 2011 ante la posibilidad que se planteó en aquel momento de que las comunidades solicitaran una auditoría de sus cuentas a empresas privadas.
Este organismo recordó entonces que 'la fiscalización externa de todas las entidades públicas está encomendada en exclusiva al Tribunal de Cuentas', subrayando que 'ningún auditor privado, persona física o jurídica, puede fiscalizar ni auditar a ninguna administración pública'. Sin embargo, según publicaron algunos medios, las razones de esta negativa por parte de las empresas, podría ser bien distinta, y es que según apuntan, frente a la revisión de cuentas ordinarias que busca la formación 'popular', es decir, la revisión formal de los balances financieros ya presentados, las firmas buscan realizar una auditoría más en profundidad que abarque los pagos originales, más allá de los registrados en los libros contables con el fin de prevenir o detectar algún fraude. Una actuación que el Partido Popular no estaría dispuesto a asumir.
Desde de que se destapara el caso Bárcenas, el PP ha intentado negar por activa y por pasiva la supuesta contabilidad B del partido y en su intento de demostrar que sus cuentas son limpias y claras anunció infinitas muestras de transparencia.
De momento, dichas promesas de su compromiso con la lucha anticorrupción quedaron relegadas a unas cuantas declaraciones de la renta y patrimonio por parte de algunos miembros de la formación, algunas denuncias y a una auditoría interna realizada por la actual tesorera del partido, Carmen Navarro.
A finales del mes de febrero, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ya anunció los problemas a los que se enfrentaba su formación para encontrar una firma dispuesta a auditar sus finanzas, debido a que la mayoría de las empresas con las que habían contactado rechazaban realizar auditorías para partidos políticos. 'Es muy difícil encontrar auditoras que quieran auditar a partidos políticos y quiero que se sepa. Ellos sabrán', aseveró.
COMPETENCIA EXCLUSIVA
Desde la dirección nacional del Partido Popular justifican la negativa asegurando que las auditoras entienden que el único órgano competente para realizar dicha tarea es el Tribunal de Cuentas.
Para ello, se basan en una comunicación que el propio Tribunal de Cuentas difundió en el año 2011 ante la posibilidad que se planteó en aquel momento de que las comunidades solicitaran una auditoría de sus cuentas a empresas privadas.
Este organismo recordó entonces que 'la fiscalización externa de todas las entidades públicas está encomendada en exclusiva al Tribunal de Cuentas', subrayando que 'ningún auditor privado, persona física o jurídica, puede fiscalizar ni auditar a ninguna administración pública'. Sin embargo, según publicaron algunos medios, las razones de esta negativa por parte de las empresas, podría ser bien distinta, y es que según apuntan, frente a la revisión de cuentas ordinarias que busca la formación 'popular', es decir, la revisión formal de los balances financieros ya presentados, las firmas buscan realizar una auditoría más en profundidad que abarque los pagos originales, más allá de los registrados en los libros contables con el fin de prevenir o detectar algún fraude. Una actuación que el Partido Popular no estaría dispuesto a asumir.
Desde de que se destapara el caso Bárcenas, el PP ha intentado negar por activa y por pasiva la supuesta contabilidad B del partido y en su intento de demostrar que sus cuentas son limpias y claras anunció infinitas muestras de transparencia.
De momento, dichas promesas de su compromiso con la lucha anticorrupción quedaron relegadas a unas cuantas declaraciones de la renta y patrimonio por parte de algunos miembros de la formación, algunas denuncias y a una auditoría interna realizada por la actual tesorera del partido, Carmen Navarro.
