La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos decretó ayer prisión provisional comunicada y sin fianza para el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, lo que eleva a tres los encarcelados tras el director general de Empleo, Javier Guerrero, y su chófer.
La decisión de la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se produjo tras 36 horas de declaración de Fernández, al que la magistrada le imputa un delito continuado de prevaricación y de malversación de caudales públicos, de negociación y actividad prohibida a funcionario público, cohecho, falsedad en documento mercantil y de obtención indebida de ayudas públicas.
Fernández, que tras la decisión judicial dimitió como presidente del Consejo Regulador de Jerez, asumió su ingreso en prisión con ánimo y con la conciencia tranquila, según explicó su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo.
En su auto de prisión, la jueza acusa a Fernández de haber hecho 'dejación absoluta' de sus funciones, generando 'enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas' de Andalucía debido al 'despilfarro continuado' de los fondos públicos.
De la declaración del exconsejero se deduciría, según la juez, que las ayudas socioeconómicas del programa 31L eran repartidas por la Junta 'indiscriminadamente' y no eran de 'público conocimiento' para los ciudadanos. La juez concreta que durante la etapa de Fernández como viceconsejero y luego como consejero, se concedieron 837 ayudas sociolaborales por 395.463.137,70 euros y 294 ayudas directas a empresas por 82.148.802,78 euros.
Tras el encarcelamiento del exconsejero, que fue conducido sin esposas desde los juzgados de Sevilla en un furgón policial, la portavoz del Ejecutivo andaluz en funciones, Mar Moreno, mostró la 'pesadumbre' del Gobierno autónomo. Después de indicar que no consideraba necesario el encarcelamiento de Fernández, Moreno defendió 'el trabajo intenso y positivo' del exconsejero para la resolución de 'importantes conflictos laborales' y resaltó la labor investigadora de la Junta en este caso, en el que se personó como acusación.
El líder del PP-A, Javier Arenas, por su parte, dijo que con el ingreso en prisión del exconsejero llega a la antesala de los presidentes de la Junta y pidió la comparecencia urgente del presidente en funciones, José Antonio Griñán.
El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, sin embargo, consideró que la decisión de la juez fue 'desproporcionada'. 'Lleva encausado más de un año y estuvo colaborando desde el primer momento con la administración judicial', señaló Jiménez, que a su vez dijo que no entiende que se dicte 'una norma que está fundamentada cuando hay riesgo de fuga'
También se pronunció el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, quien dijo en su cuenta de Twitter que 'la Justicia sigue su curso 'caiga quien caiga'' y que el Parlamento iniciará una comisión de investigación tras una propuesta de IU que también hará el PSOE.
Fernández, que tras la decisión judicial dimitió como presidente del Consejo Regulador de Jerez, asumió su ingreso en prisión con ánimo y con la conciencia tranquila, según explicó su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo.
En su auto de prisión, la jueza acusa a Fernández de haber hecho 'dejación absoluta' de sus funciones, generando 'enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas' de Andalucía debido al 'despilfarro continuado' de los fondos públicos.
De la declaración del exconsejero se deduciría, según la juez, que las ayudas socioeconómicas del programa 31L eran repartidas por la Junta 'indiscriminadamente' y no eran de 'público conocimiento' para los ciudadanos. La juez concreta que durante la etapa de Fernández como viceconsejero y luego como consejero, se concedieron 837 ayudas sociolaborales por 395.463.137,70 euros y 294 ayudas directas a empresas por 82.148.802,78 euros.
Tras el encarcelamiento del exconsejero, que fue conducido sin esposas desde los juzgados de Sevilla en un furgón policial, la portavoz del Ejecutivo andaluz en funciones, Mar Moreno, mostró la 'pesadumbre' del Gobierno autónomo. Después de indicar que no consideraba necesario el encarcelamiento de Fernández, Moreno defendió 'el trabajo intenso y positivo' del exconsejero para la resolución de 'importantes conflictos laborales' y resaltó la labor investigadora de la Junta en este caso, en el que se personó como acusación.
El líder del PP-A, Javier Arenas, por su parte, dijo que con el ingreso en prisión del exconsejero llega a la antesala de los presidentes de la Junta y pidió la comparecencia urgente del presidente en funciones, José Antonio Griñán.
El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, sin embargo, consideró que la decisión de la juez fue 'desproporcionada'. 'Lleva encausado más de un año y estuvo colaborando desde el primer momento con la administración judicial', señaló Jiménez, que a su vez dijo que no entiende que se dicte 'una norma que está fundamentada cuando hay riesgo de fuga'
También se pronunció el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, quien dijo en su cuenta de Twitter que 'la Justicia sigue su curso 'caiga quien caiga'' y que el Parlamento iniciará una comisión de investigación tras una propuesta de IU que también hará el PSOE.
