La Comisión ejecutiva del PSC suspendió este lunes 'de forma preventiva' la militancia en el partido del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz; el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el director gerente de servicios del Ayuntamiento, Pascual Vela, por su imputación en el 'Caso Pretoria'.
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) también suspendió de militancia a Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, los dos altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol imputados en la operación y encarcelados de forma preventiva por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
El viceprimer secretario y portavoz del PSC lo hacía público en rueda de prensa tras la ejecutiva del partido, que se reunió este lunes de forma extraordinaria. Así daba a conocer el acuerdo de suspensión de militancia de los tres imputados de su partido, vigente hasta que se dicte sentencia y que se hace 'desde el pleno respeto a la presunción de inocencia y a las actuaciones judiciales', recalcó.
Iceta dijo que el partido aún no ha decidido quién sustituirá a Muñoz como alcalde e indicó que antes hay que escuchar el parecer del grupo municipal.
El portavoz socialista dejó claro que fue el propio primer secretario del Partido Socialista catalán y presidente de la Generalitat, José Montilla, quien impulsó la suspensión de militancia y agregó que tanto Montilla como los militantes socialistas más próximos a los imputados están muy afectados. Además, este tema será abordado en la próxima convención de líderes municipales del partido, que se celebrará el próximo sábado.
MUÑOZ Y DOBARCO RENUNCIABAN ANTES A TODOS SUS CARGOS
Ya esta mañana, el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, renunciaban a todos sus cargos en el consistorio y en el partido socialista. Sus abogados, Fermín Morales y Josep Riba, respectivamente, lo anunciaron en una concurrida rueda de prensa después de hablar con sus defendidos. También explicaron que han presentado un recurso ante Garzón contra la orden de prisión incondicional.
El magistrado no tiene un plazo estipulado para resolver el recurso, pero Morales espera que no se demore mucho. El letrado explicó que el recurso sólo alude al encarcelamiento y que otras cuestiones más de fondo podrían ser objeto de recursos posteriores.
A través de su letrado, Muñoz quiso dirigirse a los ciudadanos de Santa Coloma y a sus compañeros socialistas para defender su inocencia y asegurar que siempre ha trabajado al servicio de la ciudadanía y con 'absoluta honestidad y dedicación'.
JIMÉNEZ Y MAS
Al portavoz socialista también se le preguntó por otros dos militantes socialistas que aparecen en la interlocutoria del juez Garzón: el ex concejal de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres Antonio Jiménez Gómez y el gerente del Institut Català del Sòl (Incasòl), Emili Mas.
Según señaló Iceta, ni a Jiménez ni a Mas se les imputa ningún delito en la interlocutoria judicial. Éste recalcó que si finalmente fiera así, la respuesta del partido será la misma que con Muóz, Vela y Dobarco: la suspensión temporal de militancia y la apertura de un expediente desde la Comisión de Garantías. 'La militancia en el partido es incompatible' con la imputación del delito de corrupción, agregó.
Iceta recordó que el código ético del partido establece que los cargos públicos 'no pueden favorecer de forma ilegítima ninguna empresa'. Lo dijo después de que los periodistas le preguntasen sobre los negocios que mantenía uno de los acusados, el ex diputado del Parlament y ex militante del Partido Socialista catalán Luis Andrés García 'Luigi' con otros ayuntamientos gobernados por este partido más allá de los de Sant Andreu de Llavaneres, Badalona y Santa Coloma.
'No era una persona que nos mereciera ningún tipo de confianza, ni empresarial ni política', dijo Iceta sobre García. Destacó los 'problemas' que tuvo una de sus empresas y una 'conexión' entre el ex diputado del PSC y dirigentes de CDC para 'derrocar' a alcaldes socialistas de la comarca del Maresme, entre ellos el de Mataró.
Iceta agregó que, según los estatutos del partido, la comisión ejecutiva del PSC no tiene potestad para expulsar a militantes, sino suspender temporalmente la militancia. Debe ser la Comisión de Garantías quien abra los expedientes de expulsión correspondientes, destacó Iceta, quien defendió la propuesta 'rápida' que ha tenido el PSC tras estallar el caso 'Pretoria'.
CDC ACUERDA LA SUSPENSIÓN DE FORMA UNÁNIME
Por su parte, CDC también ha formalizado de forma unánime la suspensión temporal de militancia de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Lo hacía en rueda de prensa tras el Comité Ejecutivo Ordinario de CDC, presidente de CiU y secretario de CDC, Artur Mas, que aclaró que la suspensión temporal ha sido llevada a cabo a petición propia de los acusados en su intención de demostrar su inocencia al margen de cualquier vinculación política. Añadió que podrán reincorporarse si así lo prueban. 'De momento, es mejor que la relación con el partido sea de separación, aunque sea temporal', dijo.
'Es una decisión dolorosa para mí porque con los dos tengo una relación de afecto y de amistad. Les conozco desde hace muchos años y no reniego ni me escondo de ello', dijo Mas. También señaló que tampoco ha sido una decisión fácil o agradable para otros integrantes de la formación.
Además de apelar a la presunción de inocencia de los detenidos hasta que se aclaren todos los hechos, dijo que tienen 'todo el derecho' a demostrar su inocencia en este caso, aunque insistió en desvincular del partido las presuntas irregularidades que cometieron a título individual y en su ámbito privado.
Tras explicar que ha conversado con las familias de los detenidos, lamentó las imágenes de Alavedra y Prenafeta esposados y recogiendo sus pertenencias en público. 'No hace falta exhibir a la gente de esta manera por escarnio público. Justicia solo debería haber una tras un proceso judicial, pero aquí, además de una sentencia judicial, hay una sentencia social', declaró Mas. Asimismo, opinó que se les ha condenado anticipadamente.
'Una sociedad sana no se puede construir en base al principio de culpabilidad', añadió el líder de CiU, que criticó que el PSC no haya respetado, a su juicio, la presunción de inocencia en el caso de las subvenciones de la Fundació Trias Fargas -vinculada a CDC- recibió del Palau de la Música.
CONVERSACIÓN MAS- PRENAFETA
Mas habló de la conversación telefónica que mantuvo con Prenafeta, en la que éste le pedía un teléfono de una concejal de CiU en Caerdanyola. La edil se oponía a un proyecto urbanístico en el que Prenafeta estaba interesado.
El líder de CiU admitió la conversación, enmarcándola dentro de la normalidad de una relación de cordialidad entre ambos y expresó su sorpresa de que entre la multitud de llamadas que debió de hacer Prenafeta solo se haya filtrado la que le afecta a él, y más aún cuando falta un año para las elecciones y las encuestas favorecen a CiU.
CDC APROBARÁ UN CÓDIGO DEONTOLÓGICO
Del mismo modo, Mas anunció también este lunes que están trabajando en un código deontológico de buenas prácticas para evitar que sucedan nuevos casos de corrupción. Presentarán el documento en los próximos meses.
'CiU y CDC harán todo lo que sea necesario para profundizar en la mejora de estas buenas prácticas', dijo en rueda de prensa, tras constatar que este mandato ya se aprobó el pasado congreso de CDC.
Pese a todo, destacó que surgen muy pocos casos de corrupción, alegando que como cargos públicos se les controla. Indicó que el ocupar un puesto de estas características supone estar sujetos a medidas de control, como el realizar declaraciones de bienes.
El viceprimer secretario y portavoz del PSC lo hacía público en rueda de prensa tras la ejecutiva del partido, que se reunió este lunes de forma extraordinaria. Así daba a conocer el acuerdo de suspensión de militancia de los tres imputados de su partido, vigente hasta que se dicte sentencia y que se hace 'desde el pleno respeto a la presunción de inocencia y a las actuaciones judiciales', recalcó.
Iceta dijo que el partido aún no ha decidido quién sustituirá a Muñoz como alcalde e indicó que antes hay que escuchar el parecer del grupo municipal.
El portavoz socialista dejó claro que fue el propio primer secretario del Partido Socialista catalán y presidente de la Generalitat, José Montilla, quien impulsó la suspensión de militancia y agregó que tanto Montilla como los militantes socialistas más próximos a los imputados están muy afectados. Además, este tema será abordado en la próxima convención de líderes municipales del partido, que se celebrará el próximo sábado.
MUÑOZ Y DOBARCO RENUNCIABAN ANTES A TODOS SUS CARGOS
Ya esta mañana, el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, renunciaban a todos sus cargos en el consistorio y en el partido socialista. Sus abogados, Fermín Morales y Josep Riba, respectivamente, lo anunciaron en una concurrida rueda de prensa después de hablar con sus defendidos. También explicaron que han presentado un recurso ante Garzón contra la orden de prisión incondicional.
El magistrado no tiene un plazo estipulado para resolver el recurso, pero Morales espera que no se demore mucho. El letrado explicó que el recurso sólo alude al encarcelamiento y que otras cuestiones más de fondo podrían ser objeto de recursos posteriores.
A través de su letrado, Muñoz quiso dirigirse a los ciudadanos de Santa Coloma y a sus compañeros socialistas para defender su inocencia y asegurar que siempre ha trabajado al servicio de la ciudadanía y con 'absoluta honestidad y dedicación'.
JIMÉNEZ Y MAS
Al portavoz socialista también se le preguntó por otros dos militantes socialistas que aparecen en la interlocutoria del juez Garzón: el ex concejal de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres Antonio Jiménez Gómez y el gerente del Institut Català del Sòl (Incasòl), Emili Mas.
Según señaló Iceta, ni a Jiménez ni a Mas se les imputa ningún delito en la interlocutoria judicial. Éste recalcó que si finalmente fiera así, la respuesta del partido será la misma que con Muóz, Vela y Dobarco: la suspensión temporal de militancia y la apertura de un expediente desde la Comisión de Garantías. 'La militancia en el partido es incompatible' con la imputación del delito de corrupción, agregó.
Iceta recordó que el código ético del partido establece que los cargos públicos 'no pueden favorecer de forma ilegítima ninguna empresa'. Lo dijo después de que los periodistas le preguntasen sobre los negocios que mantenía uno de los acusados, el ex diputado del Parlament y ex militante del Partido Socialista catalán Luis Andrés García 'Luigi' con otros ayuntamientos gobernados por este partido más allá de los de Sant Andreu de Llavaneres, Badalona y Santa Coloma.
'No era una persona que nos mereciera ningún tipo de confianza, ni empresarial ni política', dijo Iceta sobre García. Destacó los 'problemas' que tuvo una de sus empresas y una 'conexión' entre el ex diputado del PSC y dirigentes de CDC para 'derrocar' a alcaldes socialistas de la comarca del Maresme, entre ellos el de Mataró.
Iceta agregó que, según los estatutos del partido, la comisión ejecutiva del PSC no tiene potestad para expulsar a militantes, sino suspender temporalmente la militancia. Debe ser la Comisión de Garantías quien abra los expedientes de expulsión correspondientes, destacó Iceta, quien defendió la propuesta 'rápida' que ha tenido el PSC tras estallar el caso 'Pretoria'.
CDC ACUERDA LA SUSPENSIÓN DE FORMA UNÁNIME
Por su parte, CDC también ha formalizado de forma unánime la suspensión temporal de militancia de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Lo hacía en rueda de prensa tras el Comité Ejecutivo Ordinario de CDC, presidente de CiU y secretario de CDC, Artur Mas, que aclaró que la suspensión temporal ha sido llevada a cabo a petición propia de los acusados en su intención de demostrar su inocencia al margen de cualquier vinculación política. Añadió que podrán reincorporarse si así lo prueban. 'De momento, es mejor que la relación con el partido sea de separación, aunque sea temporal', dijo.
'Es una decisión dolorosa para mí porque con los dos tengo una relación de afecto y de amistad. Les conozco desde hace muchos años y no reniego ni me escondo de ello', dijo Mas. También señaló que tampoco ha sido una decisión fácil o agradable para otros integrantes de la formación.
Además de apelar a la presunción de inocencia de los detenidos hasta que se aclaren todos los hechos, dijo que tienen 'todo el derecho' a demostrar su inocencia en este caso, aunque insistió en desvincular del partido las presuntas irregularidades que cometieron a título individual y en su ámbito privado.
Tras explicar que ha conversado con las familias de los detenidos, lamentó las imágenes de Alavedra y Prenafeta esposados y recogiendo sus pertenencias en público. 'No hace falta exhibir a la gente de esta manera por escarnio público. Justicia solo debería haber una tras un proceso judicial, pero aquí, además de una sentencia judicial, hay una sentencia social', declaró Mas. Asimismo, opinó que se les ha condenado anticipadamente.
'Una sociedad sana no se puede construir en base al principio de culpabilidad', añadió el líder de CiU, que criticó que el PSC no haya respetado, a su juicio, la presunción de inocencia en el caso de las subvenciones de la Fundació Trias Fargas -vinculada a CDC- recibió del Palau de la Música.
CONVERSACIÓN MAS- PRENAFETA
Mas habló de la conversación telefónica que mantuvo con Prenafeta, en la que éste le pedía un teléfono de una concejal de CiU en Caerdanyola. La edil se oponía a un proyecto urbanístico en el que Prenafeta estaba interesado.
El líder de CiU admitió la conversación, enmarcándola dentro de la normalidad de una relación de cordialidad entre ambos y expresó su sorpresa de que entre la multitud de llamadas que debió de hacer Prenafeta solo se haya filtrado la que le afecta a él, y más aún cuando falta un año para las elecciones y las encuestas favorecen a CiU.
CDC APROBARÁ UN CÓDIGO DEONTOLÓGICO
Del mismo modo, Mas anunció también este lunes que están trabajando en un código deontológico de buenas prácticas para evitar que sucedan nuevos casos de corrupción. Presentarán el documento en los próximos meses.
'CiU y CDC harán todo lo que sea necesario para profundizar en la mejora de estas buenas prácticas', dijo en rueda de prensa, tras constatar que este mandato ya se aprobó el pasado congreso de CDC.
Pese a todo, destacó que surgen muy pocos casos de corrupción, alegando que como cargos públicos se les controla. Indicó que el ocupar un puesto de estas características supone estar sujetos a medidas de control, como el realizar declaraciones de bienes.
