El Gobierno de María Dolores de Cospedal presentó ayer una querella contra el exdirector general de Deportes del Gobierno socialista, el exatleta Roberto Parra, y el exsecretario general de Educación Tomás Hervás -altos cargos del Gobierno de José María Barreda- por presunta 'prevaricación, falsedad y malversación' de fondos públicos. Según explicó el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, la querella se presentó 'por la supuesta realización de unas obras que no llegaron a plasmarse' en 2005 unas pistas de atletismo del polideportivo municipal Juan Carlos I de Ciudad Real.
En este sentido, el Ayuntamiento de Ciudad Real detalló que son dos obras 'fantasma': una reforma del graderío de la pista de atletismo del Polideportivo, por importe de 57.449 euros, y otra de levantamiento de un muro perimetral, por 12.251 euros, lo que hace una suma de 70.400 euros en obras 'abonadas y no realizadas, tal y como indican los informes de los técnicos municipales de urbanismo que certifican que esas dos obras no están hechas'.
En su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno celebrado ayer en Toledo, Esteban aseguró que estos hechos 'pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación porque se tomaron resoluciones administrativas injustas a sabiendas de que lo eran por parte del Gobierno anterior'. Además, el delito de malversación se debería a que 'presuntamente se pagó a una empresa por obras no realizadas, por lo que además podría apreciarse delito de falsedad en documento público, con la emisión de certificaciones falsas que acreditarían la realización de las obras inexistentes que nunca se llegaron a realizar'.
En su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno celebrado ayer en Toledo, Esteban aseguró que estos hechos 'pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación porque se tomaron resoluciones administrativas injustas a sabiendas de que lo eran por parte del Gobierno anterior'. Además, el delito de malversación se debería a que 'presuntamente se pagó a una empresa por obras no realizadas, por lo que además podría apreciarse delito de falsedad en documento público, con la emisión de certificaciones falsas que acreditarían la realización de las obras inexistentes que nunca se llegaron a realizar'.
