La sentencia del caso Malaya merma sustancialmente las penas a los procesados, entre ellos el 'cerebro' de la trama, Juan Antonio Roca, al que condena a 11 de los 30 años de prisión solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, y absuelve a casi la mitad de los 95 acusados. El Tribunal, tras analizar las pruebas practicadas en las actuaciones, llegó a la 'firme convicción de la realidad del sistema de corrupción generalizada que se había instaurado en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) por parte de los procesados y bajo el poder de hecho ejercido por Juan Antonio Roca', principal acusado en esta causa.
La Sala señala la 'absoluta dejación de funciones que realizaban los concejales procesados, aquietándose a los tejemanejes del señor Roca', y describe cómo las licencias y actuaciones urbanísticas se concedían y autorizaban en las diferentes reuniones previas mantenidas entre el principal acusado y los cabezas del gobierno tripartito de Marbella -Marisol Yagüe, Isabel García Marcos y Carlos Fernández (que está fugado)-, a los que entregaba los sobres con dinero a repartir entre los restantes concejales'.
El tribunal condena al 'jefe de la organización', Juan Antonio Roca, por los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, fraude y cohecho pasivo para acto injusto,a 11 años de prisión -de los 30 que se le pedían- y le impone una multa de 240 millones, que también dista de los 810 millones de euros que pedía el fiscal.
Marisol Yagüe, regidora de la ciudad entre el 2003 y el 2006 es condenada a seis años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho pasivo y alteración del precio de concursos, frente a los dieciséis años que solicitaba la acusación pública.
JULIÁN MUÑOZ
Su antecesor en el cargo, Julián Muñoz, que se encuentra encarcelado por una causa relacionada con blanqueo de capitales, fue condenado también en relación al caso Malaya a dos años de prisión, una quinta parte de la pena propuesta por Anticorrupción.
La exteniente de alcalde Isabel García Marcos, que fue considerada en su momento el 'azote' del fallecido Jesús Gil durante sus años de concejal del PSOE, partido del que fue expulsada en el año 2003, es condenada a cuatro años de cárcel, un tercio de la petición hecha por el fiscal.
También hay en la sentencia importantes rebajas de las penas entre la treintena de empresarios acusados de obtener favores municipales, sobre todo urbanísticos, a cambio de dádivas, que Roca 'dosificaba' entre los funcionarios públicos y concejales.
Destacan por la relevancia de las penas Carlos Sánchez y Andrés Lietor, que se enfrentaban a sendas peticiones fiscales de 22 años de cárcel y a multas de 23 millones de euros, y han sido finalmente condenados a 6 años, 3 meses y un día de prisión y a multas de 4,7 millones de euros cada uno de ellos. Al promotor granadino José Ávila Rojas se le impuso una pena de 3 años y 8 meses de prisión y una multa de 11,5 millones de euros -le pedían 10 años y 55 millones de multa- y el constructor cordobés Rafael Gómez, conocido como 'Sandokán', es condenado a seis meses de cárcel sustituibles por una multa de 1.800 euros. Entre los más de cuarenta procesados que han sido absueltos en este macroproceso figuran los empresarios Tomás Olivo y Cristóbal Peñarroya.
En la sentencia, la Sala cuestiona la instrucción del caso al señalar que algunas detenciones fueron en su momento 'excesivamente mediáticas' y que la 'espectacularidad con que se realizaron' algunas de ellas 'no era necesaria' y llegaron a influir en la causa.
El tribunal condena al 'jefe de la organización', Juan Antonio Roca, por los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, fraude y cohecho pasivo para acto injusto,a 11 años de prisión -de los 30 que se le pedían- y le impone una multa de 240 millones, que también dista de los 810 millones de euros que pedía el fiscal.
Marisol Yagüe, regidora de la ciudad entre el 2003 y el 2006 es condenada a seis años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho pasivo y alteración del precio de concursos, frente a los dieciséis años que solicitaba la acusación pública.
JULIÁN MUÑOZ
Su antecesor en el cargo, Julián Muñoz, que se encuentra encarcelado por una causa relacionada con blanqueo de capitales, fue condenado también en relación al caso Malaya a dos años de prisión, una quinta parte de la pena propuesta por Anticorrupción.
La exteniente de alcalde Isabel García Marcos, que fue considerada en su momento el 'azote' del fallecido Jesús Gil durante sus años de concejal del PSOE, partido del que fue expulsada en el año 2003, es condenada a cuatro años de cárcel, un tercio de la petición hecha por el fiscal.
También hay en la sentencia importantes rebajas de las penas entre la treintena de empresarios acusados de obtener favores municipales, sobre todo urbanísticos, a cambio de dádivas, que Roca 'dosificaba' entre los funcionarios públicos y concejales.
Destacan por la relevancia de las penas Carlos Sánchez y Andrés Lietor, que se enfrentaban a sendas peticiones fiscales de 22 años de cárcel y a multas de 23 millones de euros, y han sido finalmente condenados a 6 años, 3 meses y un día de prisión y a multas de 4,7 millones de euros cada uno de ellos. Al promotor granadino José Ávila Rojas se le impuso una pena de 3 años y 8 meses de prisión y una multa de 11,5 millones de euros -le pedían 10 años y 55 millones de multa- y el constructor cordobés Rafael Gómez, conocido como 'Sandokán', es condenado a seis meses de cárcel sustituibles por una multa de 1.800 euros. Entre los más de cuarenta procesados que han sido absueltos en este macroproceso figuran los empresarios Tomás Olivo y Cristóbal Peñarroya.
En la sentencia, la Sala cuestiona la instrucción del caso al señalar que algunas detenciones fueron en su momento 'excesivamente mediáticas' y que la 'espectacularidad con que se realizaron' algunas de ellas 'no era necesaria' y llegaron a influir en la causa.
