Los cuatro principales sindicatos policiales -SUP, CEP, SPP y UPF- han manifestado hoy su indignación por la concesión de la libertad condicional al preso etarra Iosu Etxebarria Bolinaga, decisión que unos consideran 'desafortunada' y 'ética y moralmente rechazable', y otros califican de 'ignominia'.
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, ha denunciado que el PP 'está siguiendo a rajatabla' la hoja de ruta que hizo el Partido Socialista, por lo que, a su juicio, 'PP y PSOE son lo mismo en materia antiterrorista y hacen lo mismo'.
El portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP) Antonio Labrado ha considerado 'indignante y bochornoso' que se haya tomado esta decisión, sobre todo 'en contra del informe del fiscal y del forense de la Audiencia Nacional'.
Por ello, ha anunciado que desde su sindicato 'vamos a instar al Ministerio del Interior a que modifique el reglamento de Instituciones Penitenciarias para que no se vuelva a conceder ningún beneficio ni medida de gracia a presos terroristas ni a aquellos que tengan delitos de sangre'.
Según anuncia en un comunicado, el CEP pedirá reformas del Código Penal y del Reglamento Penitenciario para que 'se habilite un pabellón específico para el tratamiento penitenciario de enfermedades graves, que compatibilice esa asistencia médica con la necesidad de que el recluso cumpla su pena'.
Aún sin esa reforma, para Labrado, la concesión de la libertad condicional a Bolinaga es una decisión 'ética y moralmente rechazable', 'más si cabe, cuando Instituciones Penitenciarias tiene servicios hospitalarios para el tratamiento de enfermedades, tal y como indicaban en sus informes el forense y el Ministerio Fiscal'.
Para el secretario general de la Unión Federal de Policía (UFP), Javier Arellaga, con la excarcelación de Bolinaga 'se consuma la ignominia' y se ha preguntado si se debe 'a presiones del colectivo etarra'.
Según Arellaga, la normativa en materia penitenciaria no es clara y aunque 'el Gobierno ha optado por la postura más humanitaria' al concederle el tercer grado, que le abrió la puerta a la obtención de la libertad condicional, 'la cuestión de no concederle el tercer grado penitenciario también era posible'.
Desde el Sindicato Profesional de Policía (SPP), Jesús Lira ha planteado que si la excarcelación de Bolinaga 'forma parte de una hoja de ruta para seguir un proceso de negociación' con ETA 'nos hubiéramos evitado mil muertos' y 'no habría hecho falta tanto sufrimiento'.
No obstante, no comparte que se tenga que modificar la legislación penitenciaria porque cree que 'con la legislación actual se podría haber actuado de un modo totalmente diferente' y ha recordado que durante todo este proceso 'ha habido opiniones contrarias de autoridades judiciales distintas y de autoridades políticas'.
'Se podría resumir como: Bolinaga, el que la hace la paga, o no. Si hay una ley para Bolinaga, para el resto de presos también. Que no muera nadie más en las cárceles', ha propuesto Lira, al constatar que no todos los presos reciben el mismo trato que ha recibido este.
Por su parte, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) dice en un comunicado que respeta la actuación de la Justicia y recuerda que 'otras instancias podrán garantizar la legalidad de la resolución última que se tome sobre la libertad o no del terrorista Bolinaga'.
Creen que 'el lugar más justo y digno donde Bolinaga debería fallecer es la cárcel, allí es donde están los suyos, los que piensan como él, los que asesinaron y torturaron como él'.
'Los argumentos para su libertad (humanidad y dignidad) hacen daño a todos los que sufrimos el terrorismo de Bolinaga' y 'los guardias civiles con más crueldad', concluye la nota.
El portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP) Antonio Labrado ha considerado 'indignante y bochornoso' que se haya tomado esta decisión, sobre todo 'en contra del informe del fiscal y del forense de la Audiencia Nacional'.
Por ello, ha anunciado que desde su sindicato 'vamos a instar al Ministerio del Interior a que modifique el reglamento de Instituciones Penitenciarias para que no se vuelva a conceder ningún beneficio ni medida de gracia a presos terroristas ni a aquellos que tengan delitos de sangre'.
Según anuncia en un comunicado, el CEP pedirá reformas del Código Penal y del Reglamento Penitenciario para que 'se habilite un pabellón específico para el tratamiento penitenciario de enfermedades graves, que compatibilice esa asistencia médica con la necesidad de que el recluso cumpla su pena'.
Aún sin esa reforma, para Labrado, la concesión de la libertad condicional a Bolinaga es una decisión 'ética y moralmente rechazable', 'más si cabe, cuando Instituciones Penitenciarias tiene servicios hospitalarios para el tratamiento de enfermedades, tal y como indicaban en sus informes el forense y el Ministerio Fiscal'.
Para el secretario general de la Unión Federal de Policía (UFP), Javier Arellaga, con la excarcelación de Bolinaga 'se consuma la ignominia' y se ha preguntado si se debe 'a presiones del colectivo etarra'.
Según Arellaga, la normativa en materia penitenciaria no es clara y aunque 'el Gobierno ha optado por la postura más humanitaria' al concederle el tercer grado, que le abrió la puerta a la obtención de la libertad condicional, 'la cuestión de no concederle el tercer grado penitenciario también era posible'.
Desde el Sindicato Profesional de Policía (SPP), Jesús Lira ha planteado que si la excarcelación de Bolinaga 'forma parte de una hoja de ruta para seguir un proceso de negociación' con ETA 'nos hubiéramos evitado mil muertos' y 'no habría hecho falta tanto sufrimiento'.
No obstante, no comparte que se tenga que modificar la legislación penitenciaria porque cree que 'con la legislación actual se podría haber actuado de un modo totalmente diferente' y ha recordado que durante todo este proceso 'ha habido opiniones contrarias de autoridades judiciales distintas y de autoridades políticas'.
'Se podría resumir como: Bolinaga, el que la hace la paga, o no. Si hay una ley para Bolinaga, para el resto de presos también. Que no muera nadie más en las cárceles', ha propuesto Lira, al constatar que no todos los presos reciben el mismo trato que ha recibido este.
Por su parte, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) dice en un comunicado que respeta la actuación de la Justicia y recuerda que 'otras instancias podrán garantizar la legalidad de la resolución última que se tome sobre la libertad o no del terrorista Bolinaga'.
Creen que 'el lugar más justo y digno donde Bolinaga debería fallecer es la cárcel, allí es donde están los suyos, los que piensan como él, los que asesinaron y torturaron como él'.
'Los argumentos para su libertad (humanidad y dignidad) hacen daño a todos los que sufrimos el terrorismo de Bolinaga' y 'los guardias civiles con más crueldad', concluye la nota.
