El Tribunal Supremo ha decidido archivar la denuncia que la asociación de consumidores Kontuz y el sindicato ELA presentaron contra la presidenta
En un auto divulgado hoy, el Supremo se declara competente sobre las denuncias porque se dirigen contra la presidenta y la vicepresidenta y consejera de Economía de Navarra, pero señala también que los hechos objeto de denuncia no son delito, por lo que archiva la causa con un dictamen que coincide con la posición del fiscal.
El Supremo dice, respecto a la posible comisión de un delito de tráfico de influencias denunciada por Kontuz, que "las gestiones que, aunque ejerzan una presión moral indebida, no se dirijan a la obtención de una verdadera resolución", quedan fuera de este tipo delictivo aunque "se trate de conductas moralmente reprochables que puedan constituir infracciones disciplinarias u otros tipos delictivos".
A este respecto, el tribunal concreta que las presiones que pudieran haber ejercido la presidenta y la consejera de Economía sobre su directora de Hacienda Tributaria "se encuadran en el marco de las relaciones y canales de comunicación que, por razón de sus respectivos cargos, debían mantener".
El hecho de que Goicoechea interviniera en favor de una determinada sociedad pidiendo que se "la tratase bien", porque había sido cliente de la asesoría en la que ella había trabajado antes de ser consejera, no implica que estuviera en ese momento, cuando ya tenía un cargo público, desarrollando una labor incompatible con su cargo, al menos no hasta el punto de que cometiera un delito, dice el tribunal.
En cuanto a la denuncia de ELA, se cuestiona que se concediera a la sociedad a la que se hizo referencia antes una subvención de 10.000 ? por parte del Departamento de Empleo de Navarra, recuerda el Supremo.
Pero añade en su auto que archiva la denuncia porque "no se aporta ningún indicio de irregularidad, que no puede derivarse sin más del hecho de que dicha entidad hubiera sido cliente de la asesoría jurídica para la que trabajó la Consejera antes de incorporarse al Gobierno de Navarra".
El pasado mes de febrero el Supremo admitió a trámite la denuncia interpuesta por la Asociación de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes Kontuz contra la vicepresidenta y consejera de Economía del Gobierno de Navarra, Lourdes Goicoechea, por sus presuntas injerencias en la Hacienda foral.
El mismo tribunal unió después en la misma causa, al ser los hechos coincidentes, la denuncia contra Goicoechea y la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, que presentó el sindicato ELA.
La denuncia fue admitida por supuestos delitos, entre otros, de prevaricación (artículo 404 del Código Penal), tráfico de influencias (artículo 428) y de actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
