El Alto Tribunal considera que la euroorden está activa y que el golpista ya no tiene inmunidad
El magistrado del Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, pidió al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) que acuerde su entrega a España porque la cuestión prejudicial no suspende la euroorden, que está “activa”, y ya no tiene inmunidad. Lo hizo en un oficio remitido ayer al representante de España en Eurojust tras tener conocimiento de “determinadas informaciones” que niegan que la euroorden esté activa.
En el documento, el juez instructor subraya que Puigdemont carece actualmente de inmunidad parlamentaria, además de que la euroorden sigue vigente y que no ha quedado suspendida por el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, por lo que solicita a las autoridades judiciales italianas la entrega inmediata del expresident, huido de la Justicia española desde 2017. A petición de Llarena, el Parlamento europeo retiró la inmunidad a Puigdemont el pasado 8 de marzo. El expresidente recurrió pero el Tribunal General de la UE rechazó suspender cautelarmente la decisión de la Eurocámara, a la espera de resolver sobre el fondo.
No obstante, el Tribunal General le dejó la puerta abierta a solicitar medidas cautelares para que le fuera restituida su inmunidad en caso de detención, algo que ha anunciado que hará. Así, en caso de que Puigdemont recupere cautelarmente su inmunidad, el juez solicita subsidiariamente a la autoridad judicial italiana que suspenda la tramitación del proceso, pero adoptando las medidas precisas para garantizar que se sigan dando las condiciones materiales necesarias para una entrega efectiva, cuando Carles Puigdemont haya dejado de disfrutar de la inmunidad.
RETIRADA CAUTELAR
Para el caso contrario, esto es, en el supuesto de que se mantenga la retirada cautelar de la inmunidad, y solo para el caso de que el tribunal italiano entendiera que la respuesta a la cuestión prejudicial puede condicionar su decisión, el instructor señala la posibilidad de que la corte de Sassari paralice el procedimiento de ejecución hasta que el TJUE se pronuncie. De hecho, subraya que esta es la posición que ha seguido Bélgica, donde el expresidente tiene abierto un procedimiento de entrega.
En su escrito, el juez Llarena relata todos los pasos que se han producido desde la emisión de la euroorden contra Puigdemont el 14 de octubre de 2019 para clarificar el estado de la causa y reclamar al golpista catalán por lo delitos de sedición y malversación.
