En el segundo debate de su investidura, Torra ha explicado cuáles son sus prioridades en la presidencia de la Generalitat
El candidato a la presidencia de la Generalitat, Quim Torra, ha fijado el objetivo de llegar a un salario mínimo de 1.100 euros brutos mensuales, así como recuperar leyes recurridas por el Gobierno y suspendidas por el Tribunal Constitucional.
En el segundo debate de su investidura, Torra también ha prometido una empresa Aigües Ter Llobregat "pública", como reclamaba la CUP tras la polémica por su privatización.
El candidato ha prometido, en política fiscal, "recuperar el pleno funcionamiento" de la "hacienda" catalana, previo al 155, y completar el despliegue de la Agencia Tributaria Catalana.
En asuntos de seguridad, Torra se ha comprometido a "revertir del daño del 155" en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, después del cese del mayor Josep Lluís Trapero, imputado por el 1-O, por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
También ha apostado por profundizar en la lucha antiterrorista y ha recordado a todas las víctimas, especialmente a las de los atentados del pasado agosto en Cataluña, momento en el que han aplaudido los grupos de la Cámara.
Torra ha asegurado que defenderá la escuela catalana "como eje vertebrador de un modelo de carácter plurilingüe" y ha prometido aumentar de la dotación del profesorado, mientras que, en la universidad, ha propuesto un sistema de precios en el que se pueda deducir por rendimiento académico, renta y lugar de residencia.
En salud, ha apostado por recuperar salarios del personal sanitario y retener el talento, así como una nueva ley de salud para la sostenibilidad del sistema, con cobertura universal, y un plan integral de mejora de las listas de espera.
Ha apostado, asimismo, por la inversión social, políticas de género e igualdad, la lucha contra la violencia machista y sexual, y un nuevo régimen sancionador para garantizar los derechos de LGTB.
En infraestructuras, ha llamado a "recuperar" la agenda catalana del Corredor Mediterráneo, un documento consensuado entre agentes políticos, económicos y sociales de Cataluña.
En justicia, ha apelado a la "escrupulosa separación de poderes" y ha prometido una administración más "ágil" en la que el catalán se normalice como lengua de uso.
También ha prometido equiparar el porcentaje del presupuesto de cultura al de los "países más desarrollados" de Europa y ha apostado por reactivar el canon digital que fue anulado por el Tribunal Constitucional .
En políticas medioambientales, ha evocado a la ley catalana del cambio climático suspendida también por el TC y ha apostado por recuperar sus principios: "Nosotros entendemos el mundo como un préstamo de nuestros hijos y legislamos con mirada global para preservarlo, mientras otros miran solo quien firma la ley".
