La UE aprueba el inicio de las negociaciones sobre Gibraltar

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Las conversaciones buscarán “establecer un acuerdo equilibrado” entre Bruselas y Londres

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La Unión Europea (UE) aprobó ayer de manera definitiva el mandato para que la Comisión Europea (CE) negocie con el Reino Unido el convenio sobre la situación en la que quedará Gibraltar tras el brexit, informaron fuentes comunitarias y confirmó después el Consejo. El visto bueno final lo dieron los ministros de Economía y Finanzas de la UE en la reunión que celebran ayer en Luxemburgo, en un trámite meramente formal después de que el viernes los embajadores de los Estados miembros ya dieran luz verde al mandato negociador.

Pese a la aprobación de los diplomáticos, el visto bueno de los ministros era imprescindible para que puedan comenzar las negociaciones entre Bruselas y Londres. El Consejo europeo indicó que ayer se adoptó “una decisión por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la UE y el Reino Unido con respecto a Gibraltar, así como las directrices de negociación”. “De este modo, la Comisión Europea puede ahora entablar negociaciones formales con el Reino Unido respecto de Gibraltar”, añadió.

La institución comunitaria aseguró que el objetivo de las conversaciones es “establecer un acuerdo amplio y equilibrado” entre los Veintisiete y el Reino Unido sobre el Peñón, “habida cuenta de la situación geográfica y las especificidades de este territorio”. Detalló que el pacto entre Londres y Bruselas “debe entenderse sin perjuicio de las cuestiones de soberanía y jurisdicción”.

El pasado 31 de diciembre, España y el Reino Unido lograron un principio de acuerdo sobre el Peñón, pero está pendiente del tratado que puedan alcanzar la Comisión Europea y el Gobierno británico sobre la situación en que quedará Gibraltar, en cuestiones como el tránsito fronterizo. Por ese motivo, en julio pasado, el Ejecutivo comunitario ya presentó su propuesta de directrices para la negociación. No obstante, el Reino Unido consideró que ese documento “socava la soberanía británica del Peñón” y “entra en conflicto con el acuerdo marco alcanzado con España”.

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