El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, advierte de que podría acudir al Tribunal Constitucional por haberse vulnerado su derecho de defensa, en el escrito en el que recurre la fianza de 8,1 millones impuesta por el juez que investiga el desvío de fondos del Instituto Nóos.
En el recurso, la defensa de Urdangarin pide al juez instructor que retire la fianza de 8,1 millones que se le ha impuesto a él y a su exsocio Diego Torres, aunque la impugnación no paraliza el plazo para hacer efectiva la suma exigida, que precisamente termina hoy.
El abogado del duque de Palma argumenta en su escrito que durante la instrucción del caso se ha vulnerado el derecho de defensa de su cliente, hasta el punto de que 'no sabe de qué hechos o delitos debe defenderse de manera concreta y precisa'.
'Esa vulneración del derecho de defensa recogido en el artículo 24.2 de nuestra Constitución se denuncia aquí y ahora, a los efectos de que pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno, ante la sala de la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional', advierte el recurso.
Para la defensa de Urdangarin, la instrucción de la causa se está 'rellenando con nuevos delitos a medida que el tiempo va pasando, orillándose los principios de acusación y contradicción básicos en el procedimiento penal, vulnerándose los consiguientes derechos de defensa y de tutela judicial efectiva, protegidos por la Constitución Española'.
El abogado del duque de Palma argumenta en su escrito que durante la instrucción del caso se ha vulnerado el derecho de defensa de su cliente, hasta el punto de que 'no sabe de qué hechos o delitos debe defenderse de manera concreta y precisa'.
'Esa vulneración del derecho de defensa recogido en el artículo 24.2 de nuestra Constitución se denuncia aquí y ahora, a los efectos de que pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno, ante la sala de la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional', advierte el recurso.
Para la defensa de Urdangarin, la instrucción de la causa se está 'rellenando con nuevos delitos a medida que el tiempo va pasando, orillándose los principios de acusación y contradicción básicos en el procedimiento penal, vulnerándose los consiguientes derechos de defensa y de tutela judicial efectiva, protegidos por la Constitución Española'.
