Varios gobiernos autonómicos estudian la posibilidad de exigirla en profesiones determinadas
La inclusión de la vacunación entre los requisitos para optar a un puesto de trabajo municipal en Tous (Valencia) ha sembrado las dudas en un país con altas tasas de inmunización y vuelve a avivar el debate sobre su legalidad. Un debate que abrió el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Expertos consultados apuntan posibles problemas jurídicos y auguran que la solución, de nuevo, estará en manos del juez. La vacunación obligatoria no está, por el momento, entre los planes del Ejecutivo central, aunque varios gobiernos autonómicos han avanzado que estudian la posibilidad de exigirla en profesiones o sectores determinados. El primer paso concreto, ya recurrido, lo dio sin embargo una administración local, el Ayuntamiento de Tous (Valencia), que incluyó la vacuna contra la covid-19 entre los requisitos en el proceso de selección de dos técnicos de educación infantil como personal laboral temporal.
En España las vacunas son un derecho y no una obligación y una empresa no puede exigir la vacunación a sus empleados, subraya Carlos de la Torre, abogado de Baker McKenzie. Según explica, se enfrentan dos derechos fundamentales: el del trabajador a su intimidad, privacidad y autonomía personal y el del resto de los empleados y de la empresa a proteger su propia salud y prevenir los contagios en el centro de trabajo.
Pero no existe una base jurídica que permita a las empresas privadas resolver esa colisión de derechos, añade este abogado, que recuerda que hay otras medidas menos invasivas que sí pueden exigirse, como el uso de mascarillas. A su juicio, sería también “muy discutible” que una empresa pudiera exigir la vacunación como criterio de acceso a un proceso selectivo, aunque sí podría hacerse en sectores y profesiones de riesgo que pueden afectar a terceros.
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
El profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid Ignacio Álvarez ve menos problemas, al considerar que una interpretación extensiva de los principios de mérito y capacidad recogidos por la ley para acceder a un cargo público podrían avalar la solicitud de la vacunación para optar a un puesto. A su entender, lo mismo ocurriría en el sector privado, donde el empresario tiene la capacidad de establecer los requisitos para desempeñar la actividad, aunque siempre que la medida no sea ni discriminatoria ni desproporcionada y que se dé un tratamiento específico a los datos sanitarios para no vulnerar el derecho a la intimidad o privacidad de los empleados.
A finales de julio el presidente canario, Ángel Víctor Torres, admitió que no se puede exigir la vacunación a toda la ciudadanía, pero estimó que el negacionismo es “un peligro para la colectividad” y señaló que no la descarta en servicios públicos esenciales. La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, abrió también la puerta a exigir la vacuna “en algún momento” a los profesionales que se incorporen a puestos de trabajo en el sistema sociosanitario, aunque no cree que sea necesario ahora porque el 96% del personal está vacunado.
Esas cifras son una utopía en Estados Unidos, donde empresas como Google o Microsoft exigen la vacunación de sus empleados, la misma medida que planteó la Casa Blanca a los trabajadores del Gobierno si no quieren someterse regularmente a test. En Francia todo el personal sanitario está obligado a vacunarse antes del 15 de octubre, con el riesgo de ser suspendidos de empleo y sueldo de no hacerlo, y Grecia exigirá también la inmunización a los trabajadores de las residencias de mayores.
