Víctimas de campos de concentración denuncian maniobras de la Audiencia Nacional para aplazar la entrega de un nazi

Según los denunciantes, EEUU ofreció al Juzgado deportar a uno de los guardias investigados sin que su entrega se haya concretado

Un superviviente del Holocausto nazi y los familiares de otras cinco víctimas españolas fallecidas en campos de concentración, personados en la causa que investiga la Audiencia Nacional contra cuatro ex responsables del denominado Batallón de la Calavera de las SS (SS Totenkopf-Sturmban) por un presunto delito de genocidio, han denunciado la existencia de "maniobras" por parte del tribunal y de la Fiscalía para dilatar la entrega por parte de Estados Unidos del guardia nazi, Theodor Szehinskyj.

Según explica la acusación ejercida por el Equipo Nikor, Szehinskyj, residente en Norteamerica, perdió su ciudadanía estadounidense tras un proceso de desnaturalización motivado por su pasado nazi y su participación en la persecución del Gobierno nacionalsocialista de Alemania contra prisioneros por motivos de raza, religión y origen nacional en el periodo en que sirvió como guarda armado de campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

Se desempeñó como guardia de las SS Totenkopf, entre otros, en el campo de concentración de Sachsenhausen, en el que estuvieron detenidos centenares de nacionales españoles, entre ellos Francisco Largo Caballero, histórico dirigente del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores, que durante la Segunda República Española fue Ministro de Trabajo (1931-1933) y ya durante la Guerra Civil Presidente del Gobierno.

"PODRÍA HABER SIDO DEPORTADO"

El juez encargado de la causa, Ismael Moreno, le procesó en 2012 pero no ordenó su busca y captura internacional, denuncia la acusación que defiende que el antiguo guardia nazi se encuentra localizado en Estados Unidos y "ha sido objeto de orden de deportación de las autoridades judiciales del citado país por lo que podría ser deportado a España".

"Esto quiere decir que al menos desde la fecha del auto de procesamiento, el Juzgado en cuestión podría haber activado la entrega del procesado a las autoridades españolas mediante la mera orden de emitir un título válido de viaje", agrega el equipo Nikor.

Los denunciantes precisan que "mediante comunicación escrita de marzo de 2013, la Embajada de Estados Unidos en España informó fehacientemente de que mediante la recepción por parte de las autoridades estadounidenses del correspondiente título de viaje el procesado podía ser deportado a España" en dos meses.

"Desde entonces, tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como el mismo Juzgado han recurrido a toda suerte de maniobras procesales dilatorias, especialmente graves si se tiene en cuenta la avanzada edad de víctimas, familiares y, por supuesto, del propio procesado", denuncian. La causa podría quedar definitivamente archivada tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley que regula la jurisdicción universal.
 

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