ANÁLISIS

La agonía del estado del bienestar

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El principal desequilibrio al que se enfrenta la economía americana es su déficit exterior, expresado por el saldo de la Balanza por Cuenta Corriente, después de practicar durante las últimas décadas una estrategia comercial de total apertura a la economía global apoyándose en un planteamiento liberal practicado en el seno de su economía

Imagino que las autoridades competentes de EEUU estarán considerando seriamente el hecho de no poder seguir financiando con deuda los continuos déficits comerciales en los que ha incurrido la economía norteamericana en los últimos años, por lo que el viraje hacia posturas más proteccionistas, mas vinculadas al mercantilismo, se encaminan a corregir su abultado desequilibrio exterior, posicionándose frente al carácter fisiócrata que ha caracterizado a la economía norteamericana desde siempre.

Esa creciente preocupación por la sostenibilidad de la deuda en los mercados financieros, su volatilidad y la creciente exposición deudora frente a sus acreedores, puede haber desencadenado esta reacción política en la “Administración Trump” que se vislumbra totalmente disruptiva en relación a lo que ha sido hasta la fecha la estrategia económica de la primera potencia económica. Con un déficit comercial por encima del 3% de PIB, sumando en términos absolutos más de medio billón de dólares en el año 2016, y un continuado descenso de la tasa de ahorro de la economía norteamericana condenaría a dicha economía a incrementar su dependencia financiera del exterior y un progresivo deterioro de su posición económica en el mundo.

A su vez, la intención de promover la reactivación de la actividad económica a través de la política fiscal, tras anunciar un ambicioso plan de gasto para renovar las infraestructuras en toda Norteamérica, podría derivar en un notable repunte de la inflación dada la situación de pleno empleo en el que se encuentra su economía, que unido a la política proteccionista que proclama el actual presidente de EEUU, en un intento de corregir su profundo déficit exterior, provocaría un intenso deterioro de las condiciones de intercambio comercial a nivel global y un incremento en el nivel de precios ante una menor competencia de los bienes procedentes del exterior.

En un escenario de claro repunte de la inflación podría derivar en una progresiva y acelerada normalización de la política monetaria por parte de la Fed a través de la revisión al alza de tipos de interés y una mayor restricción de acceso a la financiación, poniendo fin a una larga etapa de expansión monetaria. El establecimiento de una política contractiva en este ámbito de la política económica tendría un impacto al alza en la curva de tipos a nivel global por el efecto que tendría esa medida sobre el resto de bancos centrales, induciendo un mayor dolor, en términos financieros, a las economías con mayor nivel de endeudamiento y más necesitadas
de financiación. Concretamente la economía española, que ha pagado el pasado año una cuantía por encima de los 30.000 millones de € en concepto de intereses de deuda pública, una subida de medio punto en el tipo medio de financiación supondría más de 5.000 millones de euros adicionales de coste por el servicio de la deuda.

Esta complicada situación en el ámbito financiero haría aún más difícil la consecución del objetivo de déficit propuesto por la Comisión Europea de reducir paulatinamente el déficit fiscal del Estado español, establecido en el 3,1% de déficit para el 2017 después de haber incumplido el objetivo en 2016 – con un 4,7% de déficit - a pesar de haber suavizado dicho objetivo en el transcurso del año. Dadas las circunstancias antes mencionadas, 2017esto podría llegar a obligar al Ejecutivo a tener que recortar gasto en partidas de marcado carácter social para poder cumplir con las instituciones europeas y mantener la necesaria credibilidad ante los inversores
para que sigan estando en disposición de financiar las ingentes necesidades de recursos que precisa el Estado español. Ante el debate que se está abriendo en torno a la sostenibilidad financiera del sistema de reparto de pensiones, que ha caracterizado a nuestra Seguridad Social desde su nacimiento, dadas las necesidades de Tesorería que adolece actualmente
el sistema, la solución planteada para cubrir dichas necesidades parece que va encaminada “vía Presupuestos” que, dado el importe de desviación en el que incurre actualmente el organismo público, cerca de los 17.500 millones de € (más de un 1,6% de PIB que habría que añadir a nuestras necesidades de financiación… ), haría aún más difícil el proceso de consolidación fiscal en la que está inmersa, en estos momentos, la administración pública en España.

La previsión de que se incremente progresivamente la volatilidad en los mercados financieros y su posterior endurecimiento ante el previsible avance del carácter restrictivo de la política monetaria por parte de los principales bancos centrales, en un entorno financiero caracterizado por un elevado nivel de endeudamiento, haría aún más complicado el sostenimiento de las cuentas públicas y su nivel de gasto, salvo que llevásemos la presión fiscal a niveles confiscatorios, penalizando, de esa forma, la generación de riqueza en el ámbito privado. El curso de los acontecimientos nos podría estar dirigiendo irremediablemente a un progresivo desmantelamiento del estado de bienestar y a un entorno económico global cada vez más hostil.

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