Ourense, en los últimos años, ha recibido importantes sumas de dinero público por parte del gobierno central, en ocasiones beneficioso para la provincia en comparación con el resto de España
Se le atribuye al Estado, entre otras potestades, la de desarrollar políticas públicas para la puesta en marcha de servicios de infraestructuras que apuesten por el desarrollo de los distintos territorios de España.
A la vez, la inversión pública es una unidad de medida que determina la capacidad económica de un gobierno y es un termómetro de las políticas públicas de ese gobierno con los distintos territorios.
En el caso de Ourense, las cifras de inversión se han reducido a medida que el tramo del AVE ha ido avanzando desde cifras que superaban los 1.000 millones en 2012, o los cerca de 800 millones del año anterior.
Los años de crisis se han ido notando en los importes de inversión reales, como se demuestra en los saldos del 2014 y 2015 con aportaciones que suman 38 millones de euros o en el año 2016, con cifras de 50 millones de euros.
La situación, aun así, muestra una paradoja: en teoría los Presupuestos fijan sobre el papel inversiones que superan más de 500 millones en los últimos años , pero la gestión real del gasto y de las licitaciones no alcanza más que las cifras antes enunciadas, lejos de las promesas iniciales.
Esta falta de concreción en el proceso inversor real dificulta y retrasa continuamente las obras del AVE.
Aun a pesar de las múltiples dificultades encontradas en la materialización de las inversiones prometidas, los proyectos para esta provincia avanzan en diferentes frentes, aunque con cantidades mucho menores, como es el caso de las obras de la reforma de la Plaza de abastos.
Se trata de un total de 5,5 millones de euros con cargo al llamado 1,5% cultural.
A este ejemplo, podemos sumar otros casos como la Biblioteca y Archivo Histórico de Ourense, donde la inversión final se espera que ronde los 15 millones de euros.
Otro ejemplo de inversión es la remodelación del monasterio de Melón, con una inversión de cuatro millones de euros. Se pretende la rehabilitación en la planta baja, alta y cubierta de las alas Norte y Oeste del Claustro de la Hospedería; de la puerta exterior de acceso al atrio del Monasterio, y la recuperación y restauración del pavimento del citado Claustro.
También incluye la instalación de una escalera y ascensor. Con el fin último de servir de hotel turístico.
Han sido programadas inversiones en materia medioambiental para concluir con el gasto atribuido a la nueva depuradora de Ourense, que tiene capacidad para tratar un caudal medio de 72.000 metros cúbicos al día, el triple de la planta antigua, y tratando aguas de una población estimada de 350.000 habitantes.
La inversión realizada para hacer realidad la infraestructura ha sido de 59,3 millones de euros, gracias a un convenio entre Gobierno central, Xunta y Concello, que aportaron un 75, 20 y 5% respectivamente.
A estas inversiones del Estado también debemos sumar el volumen de ingresos canalizados a otras entidades con presencia territorial caso de la Deputación de Ourense que con un importe de 66,1 millones lidera los receptores de ingresos de orden nacional. En concreto entre un 65% a un 75% del presupuesto de la institución depende de las aportaciones directas del Estado.
A ello debemos sumar las transferencias locales que reciben los ayuntamientos, con importes de unos 629.050 euros en el caso de ayuntamientos de pequeño tamaño, o el caso de Ourense capital, que recibe casi un 25% de su presupuesto de las aportaciones del Estado.
Política social
Hasta aquí el desglose de algunas partidas inversoras consignadas por el Estado para la provincia. Aunque se trata de conceptos diferentes, podemos hacer también un desglose de los recursos que aporta la Administración central en las llamadas políticas sociales o sus prestaciones.
España siempre ha sido un país protector. En el 2017 el gasto en pensiones ascendió a 139.647 millones de euros y en este año que acaba de comenzar se necesitarán 5.000 millones más. En Ourense esa cifra supera los mil millones de euros anuales, duplicando su importe desde los 691 millones que se consignaron en el año 2005.
El crecimiento se debe a un doble motivo: de un lado, el aumento de los contribuyentes por la evolución de la población activa de la provincia. Y en segundo lugar se debe a la progresiva jubilación de ciudadanos con un mayor nivel de derecho de cobro al ser un cotizante de más años y de más volumen de cobros.
El importe mayor de la nómina corresponde a la jubilación (692 millones) , que representa casi un 70% (69,2%) del total; le sigue la viudedad (172 millones), con un 17,3%, según datos del Observatorio Económico de Ourense. A ello debemos sumar el gasto público para pagar a los desempleados, que alcanza la tasa de un 51%, con una cuantía media de 736,4 euros por beneficiario.
En definitiva, El Estado muestra una fuerte presencia en una economía, la Ourensana, cuyo peso del PIB esta cerca de los 6.000 millones de euros en todo su conjunto.
Por lo tanto, el peso del Estado es de gran importancia en una provincia donde la pensiones y la dependencia de las inversiones públicas es de gran importancia a la hora de sumar y desarrollar la capacidad económica del territorio, mejorando así sus niveles de convergencia nacional.
