La Comisión Europea (CE) advirtió ayer a España de que ligar la actualización de las pensiones a la inflación podría aumentar el gasto público y la desigualdad entre generaciones, al tiempo que le pidió no revertir la reforma laboral de 2012 sin evaluar antes sus consecuencias.
Las advertencias se recogen en el informe anual del Ejecutivo comunitario sobre la economía española, un extenso documento que pasa revista a la situación fiscal y laboral, así como a los progresos hechos en las reformas que recomendó Bruselas el año pasado.
La CE señala que España, pese a acumular seis años de crecimiento del PIB y del empleo, sigue registrando "vulnerabilidades estructurales" ligadas al alto nivel de la deuda pública y privada, la todavía elevada tasa de paro y la baja productividad.
Bruselas destaca que la deuda pública solo cae lentamente y sigue en niveles muy altos, del 96% del PIB al cierre de 2019, pese a la buena coyuntura y los bajos costes de financiación de los últimos años. La privada, por su parte, se sitúa en el 132% del PIB. El déficit público se mantiene "tozudo" en cotas elevadas y solo bajará del 2,3% del PIB en 2019 al 2,1 % este año, apunta el informe.
Bruselas considera que existen riesgos "importantes" para la sostenibilidad del sistema fiscal español. A juicio de la CE, si se revierten estos dos elementos de la reforma de las pensiones que aprobó en 2012 el Gobierno del PP "se corre el riesgo de beneficiar a los pensionistas de hoy a expensas de las futuras generaciones". El Ejecutivo comunitario advierte, además, sobre una posible reversión de la reforma laboral adoptada ese mismo año por el Gobierno de Rajoy (2011-2018), que a su juicio ha "sustentado la fuerte creación de empleo" durante la recuperación.
